Una legislatura de crisis, inestabilidad y movilización social

Editorial del número 97 de Lucha de Clases – La legislatura que se abre tras las elecciones generales del 23 de julio se percibe como la más inestable políticamente desde la restauración democrático-burguesa de 1977, más incluso que en el período reciente de 2016-2018, que incluyó 10 meses de gobierno del PP en funciones durante 2016 por la negativa temporal del PSOE de Sánchez a abstenerse, y que impidió la investidura del gobierno del PP de Mariano Rajoy durante ese lapso.

Derecha derrotada

El 23J, la derecha PP-Vox fracasó en su intento de conseguir la mayoría absoluta del Congreso de Diputados, como le auguraban la mayoría de las encuestas. Vox sufrió un fuerte varapalo, debiendo sorberse los mocos y bajar los humos de su insolencia. Al final, nuevamente y de manera agónica, una parte sustancial de la clase obrera se movilizó electoralmente lo suficiente el día de las elecciones para otorgar una frágil mayoría al llamado “bloque progresista”. El PSOE reclamó infructuosamente el recuento de los 30.000 votos nulos habidos en Madrid, dado que apenas lo separan 1300 votos de ganar un diputado a costa del PP. Las juntas electorales y el Tribunal Supremo se lo negaron en un claro boicot a favor de la derecha, como parte del control de ésta  sobre el poder judicial, que muestra una vez más la farsa de  democracia que tenemos.

La cuestión catalana

La reedición del gobierno PSOE-SUMAR (antigua Unidas Podemos y sus aliados) descansa en un posible acuerdo con los independentistas moderados de Junts, el partido de Puigdemont, exiliado en Bélgica. Sánchez necesita, al menos, el voto favorable de 2 de los 7 diputados de Junts para ser investido por mayoría. De entrada, el acuerdo parece más probable ahora que hace semanas, una vez que Junts votó junto al resto de partidos que sostienen al gobierno para dar la mayoría de la Mesa del Congreso a la izquierda parlamentaria, lo que da a PSOE y SUMAR el control de los debates y procedimientos legales del Congreso. En reciprocidad, la Mesa de Congreso otorgó a Junts y ERC poder constituirse como grupos parlamentarios propios en el Congreso, pese a que formalmente les faltaban 3 diputados a cada uno. Esto les da más protagonismo y derechos en su labor parlamentaria.

Junts y ERC, de quienes dependen PSOE y SUMAR para gobernar, están exigiendo a cambio de su apoyo una ley de amnistía para los 8.000 independentistas procesados, muchos de ellos ya condenados, por la organización del referéndum independentista del 1 de octubre de 2017 y por las protestas populares en Catalunya contra la represión del Estado que siguieron en los meses y años siguientes. PSOE y SUMAR dicen que podría haber “encaje” legal para esa demanda. Esto permitiría a Junts y ERC, que en los hechos han abandonado la lucha por la independencia, justificar antes sus bases su apoyo al gobierno de Madrid. Pero este intento de amnistía  se enfrentará probablemente a una oposición feroz por parte del aparato judicial, que recurrirá a todo tipo de trucos legales para impedirla y que vio en el referéndum independentista “ilegal” de 2017, celebrado ante las narices de la policía, una afrenta y una humillación que jamás perdonarán. El aparato judicial, que se mantiene prácticamente intacto desde el franquismo, es ahora el arma de reserva principal de la derecha y de la clase dominante, un sector de la cual, aunque desconfía de la presencia de Vox en un hipotético gobierno con el PP por miedo a la reacción de la calle, teme más que se naturalice la relevancia y el protagonismo político de fuerzas, como las independentistas, que cuestionan la monarquía, la Constitución y la unidad territorial del Estado.

Un gobierno inestable

Pero aun en el caso de que se formara el gobierno PSOE-SUMAR, la heterogeneidad de las fuerzas que lo sostendrían, significaría que cada medida, proyecto y ley debería tener el apoyo de todas esas fuerzas, sin excepción (desde los derechistas del PNV, pasando por SUMAR y EH Bildu, hasta Junts y ERC), lo cual va traer una gobernabilidad muy inestable y en crisis que no va a conformar a nadie y que podría hacer naufragar al gobierno en cualquier momento, ante un desacuerdo importante, por ejemplo en los presupuestos del Estado, eventuales recortes en el gasto, etc. Además, la mayoría absoluta del PP en la antidemocrática cámara del Senado, el estamento “democrático” menos representativo donde las provincias más despobladas eligen la misma cantidad de representantes que las más pobladas, será utilizada por la derecha para retrasar la aprobación de leyes, haciendo más penosos aún los esfuerzos del Congreso.

En su cretinismo habitual los dirigentes de SUMAR, que han cedido siempre en todo lo fundamental y traicionado junto al PSOE las principales banderas del movimiento que los llevó a entrar en el gobierno en 2020, como la derogación de la reforma laboral del PP y de la ley mordaza, están pidiendo al PSOE negociar el programa del gobierno. Pero éste ya les ha dado indicaciones de por dónde irá su política, declarando que la política “expansiva” del gasto de la legislatura pasada ha tocado fin, toda vez que la Unión Europea está presionando para aplicar recortes del gasto público en toda Europa ante una deuda pública desbordada, poniendo límites claros a las exigencias de SUMAR. Con un cinismo descarado, “los socialistas alegan que la dependencia de PNV y Junts obliga al Ejecutivo a marcarse objetivos más ‘realistas’ para la próxima legislatura” (El País, 26/08/2023).

El fondo del asunto es que la dirección del PSOE no cuestiona los intereses fundamentales de la clase dominante, y los dirigentes de SUMAR no tendrán más opción que “tragar” como ya lo hicieron, además de manera entusiasta, en la pasada legislatura, en algunos casos aplaudiendo medidas reaccionarias como la continuidad del 90% de la Reforma laboral del PP o la política proimperialista de Sánchez en el apoyo a la guerra en Ucrania.

Una farsa de democracia

Esta es la farsa de la democracia burguesa: millones de trabajadores votan a partidos ubicados en la izquierda, en la creencia de que van a defender sus intereses en el gobierno, pero al final son la clase dominante y el aparato del Estado, a quien nadie ha elegido, quienes tienen la última palabra.

Pero antes de que se presente el escenario que hemos dibujado, tenemos por delante unas semanas más de “farsa democrática” con la postulación del dirigente del PP, Núñez Feijóo, para presidente del gobierno, pese a que carece de apoyos parlamentarios suficientes. La derecha pretende así mantener los focos sobre ella y amortiguar la humillación de su derrota el 23J. Pero este hecho también muestra el carácter falso de nuestra pseudodemocracia. La Constitución otorga a “Su Majestad”, Felipe VI, otro estamento no elegido por nadie, la potestad de proponer al Congreso los candidatos a presidente del gobierno, usurpando esta labor a los representantes elegidos por votación popular en el Congreso. La previsible derrota de Feijóo en la votación estimada a fines de septiembre llevará a octubre la probable elección del nuevo gobierno de Pedro Sánchez.

Prepararse para la movilización social

La clase dominante española se enfrenta a la peor de las situaciones. Ante el panorama que se avecina (crisis económica en ciernes, inflación, recortes del gasto, protesta social) necesita un gobierno fuerte que no dude en aplicar la política más favorable para sus intereses, pero no lo va a tener ni con un gobierno PSOE-SUMAR ni, eventualmente, con un gobierno PP-Vox, también con una mayoría inestable, en caso de que resulten vencedores en una repetición electoral en los próximos meses o en mitad de la próxima legislatura, en el marco de una abstención elevada por el cansancio y el desánimo popular acumulados.

Este escenario anuncia un agotamiento de las esperanzas de las masas trabajadoras en el frente político institucional, incapaz de dar respuestas, ni por la izquierda ni por la derecha, a sus acuciantes problemas. Lo que veremos será un giro de la clase trabajadora hacia el frente de luchas, la movilización social, para tratar de resolver por sí misma reivindicaciones sociales que no admiten espera. En este proceso encontrarán las limitaciones que impone el sistema capitalista para mantener sus condiciones de vida y sus derechos democráticos ante un aparato de Estado que incrementará la represión para disciplinar el movimiento de protesta.

Todo anuncia una época de inestabilidad, convulsiones y agudización de la lucha de clases en el Estado español. Ante el fracaso de una socialdemocracia en crisis, incapaz de otorgar reformas significativas, siempre cediendo en lo fundamental a los intereses de la clase dominante, se necesita más que nunca preparar una alternativa comunista, que aglutine a los sectores obreros y juveniles más avanzados, y que se inserte en los movimientos de masas para llevar las ideas del socialismo revolucionario a las más amplias capas de la clase trabajadora y de la juventud.