Los recortes en sanidad de la Junta de Andalucía matan

El pasado 20 de agosto fallecía en el hospital de Virgen de Valme de Sevilla Rocío, una mujer que acababa de dar a luz, al quedar su cabeza atrapada por un ascensor. El brutal suceso no es más que la punta del iceberg de la decadencia cada vez más abierta de la sanidad pública andaluza. No obstante, no se ha señalado a ningún responsable. La Junta de Andalucía lamenta este hecho, pero guarda un hipócrita silencio acerca de las políticas que lo han provocado.

La externalización de servicios como la limpieza, la cocina o el mantenimiento se ha convertido en una práctica frecuente en la mayoría de los centros de salud andaluces, aunque ésta sea más cara que realizar estas actividades dentro del sistema público. Uno de estos servicios que recientemente han sido privatizados fue el de los ascensores, cuya precariedad alcanza niveles tercermundistas. Atrapamientos, descolgamientos, unidades inutilizadas por piezas que nunca llegaban, incapacidad para trasladar a pacientes encamados… Numerosos médicos y pacientes denunciaron de manera insistente las numerosas deficiencias, sin obtener respuesta ni de los jefes de unidad ni de las reclamaciones oficiales. Hasta que Rocío tuvo que pagar esta negligencia con su vida. Es en este tipo de tragedias cuando los recortes a la sanidad pública muestran su verdadero rostro: el de la barbarie.

Susana Díaz se enorgullece de la sanidad pública andaluza. Quizá ella tenga un punto de vista un poco diferente a la realidad que sufren día a día los andaluces, debido a que cuando ella fue a dar a luz en el mismo hospital en el que ha fallecido Rocío, se cerró una planta para dedicarla exclusivamente a ella. Lo cierto es que Andalucía lidera los recortes en sanidad. Es la comunidad que más plazas formativas y médicos especialistas ha perdido entre 2011 y 2017, con 771 puestos perdidos. La inversión en sanidad durante 2016 fue irrisoria: 3,2 euros por andaluz, apenas 27 millones de euros. Simultáneamente a los recortes en sanidad pública, se da un incremento perpendicular de los conciertos para sanidad privada. A principios de 2016 los conciertos para sanidad privada ascendían a 432,62 millones de euros. La hipocresía del gobierno de Susana Díaz no conoce límites.

El caudal de dinero público que fluye hacia la sanidad privada encuentra beneficiarios mutuos en los propietarios de los hospitales privados, que dirigen negocios cada vez más rentables, y el grupo de altos cargos del Servicio Andaluz de Salud (SAS) y de la Junta que gestionan los recortes, que obtiene recompensas a través de las puertas giratorias. Baste como ejemplo el del anterior gerente del Hospital Costa del Sol, Félix Mata, quien nada más ser cesado de su cargo de gerente en el hospital de Marbella se incorporó como director gerente del Hospital Quirón de Málaga, de carácter privado.

Es absolutamente intolerable que la sanidad se convierta en un negocio lucrativo para los empresarios. Éstos se benefician directamente de que millones de andaluces no puedan acceder a un servicio sanitario público, el cual está bajo constante desmantelamiento, con consecuencias devastadoras. La sanidad no es una forma de ganar dinero, sino un derecho fundamental conquistado por la mayoría de los trabajadores. Y medidas como las citadas no son más que ataques directos contra la vida de los andaluces. Hay que decirlo claro: los recortes en sanidad matan. Rocío ha sido asesinada por la precariedad de la sanidad pública, cuya responsabilidad pertenece en última instancia a la Junta de Andalucía y a los altos cargos del SAS. Pero a la Junta no le aflige en absoluto la salud de los centenares de miles de personas que se agolpan en las listas de espera para acabar recibiendo los servicios que necesitan en un hospital privado pagado con dinero público. Su único móvil es satisfacer los objetivos del ejecutivo central, obsesionado con la voladura de todo el sistema público en pro de los intereses privados de una minoría. Este es el punto capital en el que confluyen armónicamente las medidas del Gobierno central y las autonomías, lejos del aparente desacuerdo que de forma externa puedan tener.

Los trabajadores no debemos quedar impasibles ante el desmantelamiento de la sanidad pública. Este proceso, normalmente silencioso, tiene a veces hechos que resaltan sus verdaderas consecuencias: la muerte de personas inocentes que no pueden permitirse la sanidad privada. En este sentido, la unidad de todas los partidos, sindicatos, mareas, que defienden la sanidad pública debe encontrar una expresión común en una plataforma que agrupe todas las fuerzas disponibles en la lucha contra la Junta, el Gobierno y los ricos que se esconden tras estas instituciones aparentemente neutrales. Un frente amplio de movilizaciones en todo el Estado español, que comenzase con la concentración convocada este jueves 24 en el Hospital sevillano Virgen de Valme, puede ejercer la suficiente presión como para paralizar temporalmente este proceso. No obstante, la naturaleza misma del Estado unido a los intereses férreos de los grandes empresarios entra en contradicción con la existencia de una sanidad pública digna. Si realmente queremos disponer de este derecho, jamás será bajo los estrechos límites del capitalismo, un sistema que debe ser superado para que los trabajadores tomen el control de algo tan básico como su vida y su muerte, y éste no se encuentre en manos de oligarcas que se lucren con la desgracia de la clase obrera. En eso consiste la verdadera libertad del capitalismo, libertad para morir si no tienes dinero.