Presupuestos del Estado 2022: Previsiones optimistas cuando asoman nubarrones en la economía

En diciembre se aprobarán en el Parlamento los Presupuestos del Estado para 2022, una vez que el gobierno se ha garantizado la mayoría suficiente para ello. Según el gobierno, se trata de unas cuentas expansivas, con el mayor gasto público de la historia y una inversión récord gracias a la inyección de 27.000 millones de euros procedentes de los fondos de ayuda europeos. Así, el gasto alcanza la cifra récord de 196.142 millones de euros.

La inversión superará los 40.000 millones, entre inversiones reales y transferencias de capital, un incremento del 9,6% y la mayor cifra de la historia, con la investigación y desarrollo como gran protagonista, a la que se dedicarán 13.298 millones. Se incluyen bonos jóvenes para alquiler y cultura y un nuevo sistema de becas para aspirantes a juez, fiscal o abogado del Estado. Junto a ello, se prevé un récord de 2.199 millones de euros para becas en educación.

La tasa de reposición ordinaria de los funcionarios, las sustituciones por cada jubilación o baja, será del 110%; o sea, 11 altas por cada 10 bajas.

Un aspecto negativo es la pérdida de poder adquisitivo para funcionarios y jubilados, que verán subidos sus haberes un 2% y un 2,5%, respectivamente, cuando la inflación interanual escaló en noviembre hasta el 5,6%.

Las pensiones mínimas y no contributivas, crecerán un 3%.

Hay partidas injustas como los 10.150 millones asignados al Ministerio de Defensa, el tercer Ministerio con más presupuesto, y el gasto de la Deuda Pública de 30.175 millones de euros, el principal gasto excluidas las transferencias a las comunidades autónomas.

La principal novedad es la fijación de un tipo mínimo del 15% del impuesto de sociedades. Este suelo de tributación, no obstante, afectará a menos del 1% de las empresas, las más grandes, pero con todas las desgravaciones y trucos contables tendrá un escaso impacto recaudatorio. El Gobierno calcula que aportará unos 400 millones de euros a las arcas públicas y afectará a cerca de 1.070.

El sistema impositivo sigue siendo muy injusto. Frente al 8% que supone el Impuesto de Sociedades sobre el total  –frente al 23,7% que suponía en 2007– el IRPF (el impuesto a la renta de los hogares) alcanzará el 45%, frente al 34% que suponía en 2007. El IVA, por el que pagan igual ricos y pobres, representará el 33% del total, frente al 28% en 2007. Así, el IVA y el IRPF (pagados mayoritariamente por las familias obreras) han absorbido estos 14 años lo que han dejado de pagar las grandes empresas, 15 puntos porcentuales. Con las sucesivas reformas de impuestos del PP y PSOE en la década pasada, los ricos pagan cada vez menos y las familias trabajadoras pagan cada vez más. Así, las multinacionales españolas generan aquí el 53% de su facturación pero sólo pagan el 39% de sus impuestos.

Así las cosas, el déficit público se reduciría hasta el 5% del PIB, frente al 8,4% previsto para este año, por la previsión de alza en la recaudación de impuestos del 8,1%.

Pero es aquí donde está la debilidad principal de estos presupuestos. El  Gobierno los ha diseñado con una previsión de crecimiento de la economía española del 7% en 2022, y aun cuando la Comisión Europea la reduce al 5,5%.

Pero estas previsiones están en el aire, por las crecientes turbulencias en la economía mundial, debido a la ruptura de las cadenas de suministro, la disminución del comercio mundial, la falta de microchips y semiconductores para la industria que está afectando gravemente a los aparatos informáticos y al automóvil, el crecimiento desorbitado de los precios de la energía y de la inflación general, y la incertidumbre por nuevos rebrotes de la pandemia de Covid con el surgimiento de nuevas variantes más contagiosas como la Ómicron que están trayendo nuevas restricciones a la movilidad, cancelación de vuelos, etc.

Al final, además de consagrar la pérdida de poder adquisitivo para funcionarios y pensionistas, muchas de las partidas sociales destinadas en estos Presupuestos podrían reducirse o cancelarse, por una recaudación de impuestos menor a la prevista, añadiendo un elemento más de frustración a las expectativas de avance de las familias trabajadoras.