Nueva ley de secretos oficiales: El aparato del Estado se blinda en vísperas de la nueva crisis

La ley que regula los secretos oficiales en España data de 1968, en plena dictadura de Franco. En cuarenta años, los distintos gobiernos del PSOE no han modificado esta ley ni propuesto otra en su lugar, hasta hoy.

El pasado 1 de agosto el consejo de ministros aprobó el anteproyecto de ley de secretos oficiales, que vendría a derogar la actualmente vigente ley franquista. El gobierno presenta la nueva ley como un avance democrático que equipara la legislación española sobre secretos oficiales con la de los países de la Unión Europea, pero un vistazo superficial al anteproyecto revela el inevitable carácter antidemocrático de cualquier ley sobre esta materia.

La nueva ley prevé cuatro niveles de documentos clasificados para los que el plazo de desclasificación sería progresivamente mayor:

1. Alto secreto (50 años prorrogables a otros 15)

2. Secreto (40 años prorrogables a otros 10)

3. Confidenciales (de 7 a 10 años)

4. Restringidos (de 4 a 6 años).

Según el nivel de clasificación de los documentos, las multas por la filtración de los mismos oscilaría entre los 50.000 y los tres millones de euros. Esto es una amenaza directa a los periodistas que publiquen documentos clasificados, a los funcionarios que los filtren y a quienes pretendan denunciar delitos como los de corrupción basándose en dichos documentos. El tipo de documentos que pueden ser clasificados y el nivel de documentación se deja al arbitrio del Ministerio de la Presidencia (quitándole esta atribución al Ministerio de Defensa), y el criterio es lo suficientemente amplio y vago como para que cualquier tipo de documento pueda ser clasificado.

El anteproyecto no prevé la desclasificación de los documentos referentes a la Transición, con lo que toda una serie de cuestiones clave como las tramas de terrorismo de Estado y el 23F seguirán siendo terreno vedado para los investigadores y para el público en general. Se incluyen los documentos sobre la Corona entre los que pueden ser desclasificados dentro del plazo que estipula la nueva ley, pero la cláusula de salvaguarda «La regla general será que se permita la desclasificación salvo si afecta a integridad de una persona o a la seguridad del Estado» claramente blinda a la corona frente a cualquier escrutinio público.

La nueva ley de secretos oficiales se plantea en un momento crítico para el gobierno, con la inflación desatada y el espectro de una nueva recesión llamando a la puerta. En esta situación, el gobierno pretende blindar las potestades del aparato del Estado y, en especial, de la Corona ante un más que previsible empeoramiento de la crisis del régimen en el que cualquier escándalo puede hacer saltar por los aires todo el edificio institucional.

Esta ley revela de nuevo cuál es la situación de Unidos Podemos y Yolanda Díaz dentro del gobierno. Los ministros de la izquierda consienten la tutela del aparato del Estado, que forma parte indisoluble de la política del PSOE desde 1982, a cambio de algunas medidas sociales que resultan insuficientes ante el calado y el rigor de la inflación presente y de la crisis venidera. Dando su aprobación en el consejo de ministros y su voto favorable en el Congreso, Unidos Podemos avala el mantenimiento del régimen antidemocrático de secretos oficiales y la represión contra quien haga públicos documentos incriminatorios.

Los marxistas aborrecemos todas las prácticas de diplomacia secreta y de secreto oficial. La legislación sobre secretos oficiales es antidemocrática por definición porque el secreto de Estado es antidemocrático por definición. Un Estado obrero, basado en la participación directa de las masas en la política, debe ser transparente y no puede ejercer una tutela política sobre las masas organizadas en las que se basa. Los bolcheviques, tras tomar el poder, hicieron públicos determinados tratados secretos, como el de Sykes-Picot que delineaba la partición del Oriente Próximo entre Francia y Reino Unido tras la Primera Guerra Mundial. La izquierda en el Estado español no puede avalar una ley cuyo propósito es blindar al aparato del Estado y en particular a la Corona, sino que debe poner todo su empeño en el derrocamiento del régimen del 78 y en la construcción del socialismo.