Las eléctricas vuelven a golpear a las familias trabajadoras

El coste de la electricidad vuelve a dispararse, el pasado 21 de Julio alcanzó un precio medio de 106,57 €/MWh, llegando a su máximo histórico en España y poniéndose a la cabeza, junto con Portugal, en los precios más elevados de toda Europa.

La explicación presentada por el Operador del Mercado Ibérico de la Electricidad (OMIE) es que el precio medio del mercado libre se ha visto incrementado alrededor del 75% respecto a la media de 2020 debido, por un lado, al alto precio del gas natural que utilizan los ciclos combinados para generar electricidad, y por otro lado al coste de los derechos de emisiones de CO2, que crece desorbitadamente a causa de la especulación en la compra de derechos por parte de fondos de inversión.

Hay que recordar además que el precio final de la electricidad lo marca la energía (gas, hidroeléctrica, eólica, etc.) que en cada momento está más cara en el mercado. Esta es una medida completamente arbitraria diseñada para maximizar los beneficios de las eléctricas. Y como el gas natural está ahora a precios máximos eso empuja también al alza la factura de la luz.

El papel de los derechos de emisiones de CO2

También conviene analizar por qué interfiere en el precio de la luz el mercado del CO2. Con la excusa de reducir las emisiones de CO2, por el cambio climático, la Unión Europea implantó hace unos años los derechos de emisiones de CO2. Aquellas empresas que reducían sus emisiones por debajo del límite marcado, pueden vender en el mercado sus derechos de emisiones ahorrados. Y aquellas compañías que superan dicho límite son penalizadas comprando los derechos de emisiones que han sobrepasado a las compañías que no lo hicieron. La lógica detrás de esto es que al ver encarecer las compañías más despilfarradoras de CO2 el coste global de su producción, al tener que comprar derechos extras de emisión de CO2, eso debería empujarlas a abaratar costes reduciendo sus emisiones. Y dentro de estas compañías más derrochadoras suelen encontrarse las eléctricas, que trasladan al consumidor sus sobrecostes. La realidad es que los mercados de emisiones de CO2 se han convertido en un negocio especulativo sin control que enriquece a un puñado de capitalistas, por lo que debemos exigir su abolición.

Según Bloomberg BNEF, un fondo de BNP Paribas Asset Management, el Energy Transition, ejemplifica lo que está ocurriendo, algunas de sus operaciones en el mercado europeo de CO2 le han permitido obtener ganancias de más del 100%. Y es que el mercado de CO2 ofrece una buena oportunidad para estos especuladores ya que carece de vendedores naturales, es un mercado al que, además, se incorporarán nuevos sectores como la calefacción y el transporte.

No obstante, el hecho real es que los grandes oligopolios controlan la gestión y comercialización de la electricidad, produciendo un beneficio neto de 1.394 millones en el caso de Endesa en 2020 (un aumento del 715% en un año), al que se agregan los casos de Naturgy e Iberdrola (otros 3.611 millones en beneficios). Es el milagro que obró tras la privatización a precio de saldo un sector estratégico bajo el Gobierno de Aznar en 2003. En argumentación oficial sobre los motivos del alza de la factura, no hay ni una palabra de todo esto ni de los llamados “beneficios caídos del cielo”. Esto se refiere a loa beneficios extras (“caídos del cielo”) que sacan las nucleares y las presas hidroeléctricas que ya amortizaron sus costes de inversión hace muchos años y producen la energía más barata, pero al ser la energía más cara la que forma el precio final, como ya se indicó, venden su energía al precio de la más cara sacando suculentas ganancias “caídas del cielo”.

La realidad para la clase trabajadora

Tras más de un año de pandemia, que ha castigado a la clase trabajadora con más paro, mayor precarización de las condiciones laborales y pérdidas de salario ligadas a los ERTES, esta crisis se ceba, una vez más, en la mayoría de la población, dejando intactos los intereses de las élites.

Mientras se limitaba la movilidad, salvo para ir a trabajar -como si el virus no estuviera en los centros de trabajo- desde el Gobierno se anunciaban medidas como el Ingreso Mínimo Vital y la paralización de los desahucios. El resultado, tras las proclamaciones, es que sólo un 20% de las familias (sobre el objetivo declarado por el Gobierno en Junio del 2020) ha tenido acceso a esta ayuda y que sólo en el primer trimestre se han practicado en España 10.961 desahucios, en aumento según informe de Epdata.

En este escenario aparece el escandaloso incremento en los precios de los productos de consumo básicos, al que se suma el del precio de la luz y también el del gas.

Lo que no dicen las eléctricas

Los barrios obreros llevan años sufriendo cortes en el suministro eléctrico que llegan a alargarse hasta más de 24 horas. Los transformadores arden en las horas de mayor consumo provocando que cientos de familias se vean gravemente afectadas. La falta de inversión en infraestructuras hace que estos transformadores estén obsoletos y que sean incapaces de absorber la demanda de electricidad que los aparatos de consumo requieren.

Pero este problema va más allá. La capacidad de las renovables aumenta a un ritmo que sobrepasa la capacidad de la red eléctrica del país, siendo la inversión en redes de transporte eléctrico insuficiente. Estas inversiones representan un “sobrecoste” en contradicción con el mantenimiento de las tasas de beneficios. Dos tercios de la energía proyectada no cabe en la red. De aquí nace la feliz idea de penalizar las horas de mayor consumo con un fuerte aumento tarifario. Todo parece estar pactado para equilibrar el consumo “racionalmente” (y de paso, evitar las inversiones necesarias).

Mientras, el Gobierno, busca fórmulas para “paliar” este efecto sobre la clase trabajadora y los pequeños negocios, bajando el IVA del 21% al 10% durante unos meses, y atajar los “beneficios caídos del cielo” de las energías nuclear e hidroeléctrica y eliminar el impuesto de generación eléctrica de la factura, pero esto último afecta a la recaudación del Estado y no toca los beneficios de las eléctricas.

La bajada del IVA, aunque la apoyamos, tiene que estar acompañada necesariamente de una reforma fiscal integral, que incluya el aumento de impuestos a las grandes fortunas y que se mantenga en el tiempo.

Por supuesto hay que eliminar los beneficios caídos del cielo inmediatamente, pero medias tintas no vendrán a socorrer la situación. Se hace más necesario que nunca que las eléctricas sean nacionalizadas (mediante expropiación sin indemnización, salvo casos de necesidad comprobada) y que se sometan al control y gestión por parte de los propios trabajadores y comités vecinales. La historia reciente ha expuesto claramente cómo funcionan los consejos de administración y su relación con las corruptelas del régimen. Por otro lado, la creación de una empresa pública, como propone UP, supondría dejar en manos privadas unas infraestructuras públicas que les fueron regaladas a precio de saldo a los capitalistas. Esta no puede ser la solución.