La farsa de la Operación Judas y el carácter del Estado

En las últimas semanas, cinco de los siete activistas de los CDR encarcelados el 23 de septiembre durante la llamada Operación Judas han sido liberados, con fianzas de entre 5.000 y 10.000 €, irrisorias para acusados de terrorismo. Y es que toda la causa se está derrumbando como un castillo de naipes, demostrando que esta era una nueva maniobra del Estado para criminalizar la movilización, intimidar a la juventud y acorralar la lucha por la autodeterminación de Cataluña.

Sin embargo, el auto de la sala penal de la Audiencia Nacional cuestiona todos los fundamentos del caso. Pese a las filtraciones a la prensa que hablaban de goma 2 y amonal, el auto inicial hacía referencia a la termita (utilizada, entre otras cosas, para pirotecnia). La sala penal, en cambio, revisa esta acusación, hablando ahora de sustancias que «debidamente mezcladas pueden llegar a convertirse en explosivos «(!!). Se ha esfumado también la visión del llamado Equipo de Respuesta Táctica como una poderosa organización clandestina, poniendo en duda la acusación de terrorismo. Como dice el auto:

«El tribunal, en este momento de resolución de un recurso contra una medida cautelar, con un conocimiento amplio, pero limitado de las actuaciones que se encuentran en progreso de  investigación, sin la existencia de una previa organización delictiva de carácter terrorista así declarada judicialmente de referencia, no puede emitir un juicio definitivo suficientemente fundado sobre la naturaleza o no terrorista de los hechos, ni de la existencia de una
organización que se habría constituido ex novo, ni desde el punto de vista de sus finalidades, estructuración, previas manifestaciones delictivas, o grado de desarrollo en su posible conformación».

Como ya avisamos, esta operación era una maniobra política de criminalización por parte del Estado, que cuenta con numerosos precedentes, tales como la Operación Pandora (contra una supuesta red de terrorismo anarquista) o la Operación Ice (contra un grupo vegano), así como la anterior operación contra los CDR en 2018 con la detención de Tamara Carrasco, que siempre han acabado en fuegos de artificio, a pesar del infierno por el que han tenido que pasar los encarcelados e investigados. En esta operación los medios de comunicación han jugado un papel capital, ayudando a las filtraciones con titulares escandalosos. El Mundo, por ejemplo, abría su edición con «Los CDR ultimaban un atentado terrorista en Cataluña el día D”, mientras La Razón anunciaba «Los CDR de Torra aprietan: iban a atacar un cuartel con explosivos». Efectivamente, la prensa burguesa es una pieza clave del régimen del 78. Su objetivo no es «informar», sino promover los intereses de la clase dominante y de su aparato de Estado, en este caso mintiendo y distorsionando en interés de una provocación policial.

Como ya explicamos, la Operación Judas buscaba criminalizar el independentismo catalán de cara a las movilizaciones contra la sentencia del procés, apuntando sobre todo a los CDR, el sector más combativo del movimiento. Con castigos ejemplares se quería generar también un clima de miedo, transmitiendo el mensaje que el régimen no tolerará la más mínima ruptura de la legalidad. Si sale de la legalidad vigente en la respuesta a la sentencia del referéndum, sea de obra o de palabra, no nos temblará la mano en utilizar de nuevo el 155, y quizás lo aplicaremos de manera más dura y todo. No se permitirá ni siquiera acciones puramente simbólicas de desobediencia institucional, porque estas pueden servir para alentar la desobediencia masiva popular. Éste era el mensaje. por último, esta operación buscaba acorralar al movimiento republicano catalán, desacreditándolo en el resto del Estado, para bloquear cualquier movimiento en solidaridad con Cataluña. claramente, la operación fracasó en todos sus objetivos. Esta maniobra ha sido una muleta para complementar el juicio contra el 1 de Octubre, otra farsa, que busca vengar el desafío al Estado que supuso el referéndum. En esta empresa, el régimen no ha dudado en violar y distorsionar su propia legalidad y la legalidad europea, como ha quedado evidenciado con la sentencia del TJUE sobre la inmunidad parlamentaria de Oriol Junqueras.

El aparato represivo del Estado, una maquinaria gigantesca de policías, jueces, cárceles, el ejército, etc., heredada directamente del régimen franquista, es una fuerza profundamente reaccionaria y parasitaria, destinada a contener e intimidar a los explotados y oprimidos; es el pilar sobre el que se sostiene el sistema capitalista español, conjuntamente con los medios de comunicación que, como hemos visto en la Operación Judas, abastecen del recubrimiento ideológico necesario a los abusos del poder. Esta maquinaria represiva y burocrática clama por la «unidad del Estado» por encima de todo porque el Estado es su comedero y no quiere perder parte del pastel. Este aparato está decidido a defender sus privilegios, y es consciente de que su futuro está ligado al del sistema capitalista español. Está dispuesto a movilizar toda su maquinaria contra los que se atrevan a cuestionar su poder, incluso mintiendo y manipulando y destrozando las vidas de inocentes, como hemos visto con la Operación Judas. El movimiento republicano necesita construir una dirección revolucionaria, que no busque contemporizar con este régimen, sino que luche para hacerlo añicos con una estrategia de movilizaciones masivas, codo a codo con el resto de oprimidos y explotados de todo el Estado.