Ferrovial huye: ¡Nacionalización sin indemnización bajo control obrero!

La multinacional española Ferrovial, una de las protagonistas del boom inmobiliario y de la especulación de las últimas décadas, ha anunciado el traslado de su sede social a los Países Bajos con la nada disimulada intención de beneficiarse de su régimen fiscal. El anuncio se produce cuando la compañía tiene serios problemas legales en España y otros países y ha provocado una respuesta tan airada como impotente por parte del gobierno.

Fundada en 1952 por Rafael del Pino y Moreno, Ferrovial es un claro ejemplo de la empresa privada española que floreció en la dictadura franquista alimentada por la contratación de obra pública y como proveedora para las empresas estatales. Del Pino era primo del general golpista Milans del Bosch y entroncó por matrimonio con los Calvo-Sotelo, una de las familias patricias de la derecha española entre la República y la Transición. Esta red de contactos le permitió medrar en el cerrado capitalismo español de la posguerra. La ligazón y el agradecimiento de la familia del Pino con el franquismo llega hasta hoy, hasta el punto de que uno de sus hijos, Fernando del Pino Calvo-Sotelo es socio y articulista de la Fundación Francisco Franco.

Fraude y corrupción

Ferrovial ha seguido con este ritmo de contratación pública bajo el régimen del 78. Como publica El País, entre 1991 y 2022 Ferrovial ha obtenido contratos públicos por valor de 9000 millones de euros, 1000 millones sólo en los cinco años de gobierno de Pedro Sánchez, con Adif y Aena como principales clientes. En este periodo, Ferrovial ha sido un actor clave en el boom inmobiliario y de las infraestructuras, financiadas con ayudas europeas, incluyendo varias de las autopistas que fueron rescatadas por el Estado por su nula rentabilidad. En este periodo, además, la compañía estuvo implicada en el caso de corrupción en Convergència Democràtica de Catalunya conocido como Cas Palau.

El heredero, Rafael del Pino Calvo-Sotelo, es el clásico ejemplo del empresario español hecho a sí mismo a base de apellidos y contactos. Bajo su dirección, Ferrovial se ha expandido internacionalmente a través de una red de filiales en Europa y América. Esta expansión contó con el apoyo del gobierno de Aznar, que en 2002 aprobó unas generosas deducciones fiscales a las empresas españolas para que absorbieran a otras empresas en el exterior, perdonándoles buena parte del impuesto de sociedades y el IVA. Con estas ayudas, Ferrovial compró el aeropuerto londinense de Heathrow y una empresa suiza de servicios aeroportuarios, entre otras compañías europeas.

Finalmente la Unión Europea declaró ilegales estas ayudas en 2016 y ahora la hacienda española reclama su devolución. El importe de lo adeudado asciende a 332 millones de euros, una cantidad sensiblemente superior a los beneficios declarados de Ferrovial en 2022, que ascienden a 185,7 millones de euros. Debemos, sin embargo, poner en duda estas cifras que da la empresa. Citando a El País: “Veteranos inspectores de Hacienda recuerdan que en algunos seminarios de tributación se pone como ejemplo a Ferrovial y a la familia Del Pino para ilustrar cómo funciona la ingeniería fiscal y financiera para reducir al mínimo el pago de impuestos”. Concretando, Ferrovial ha declarado beneficios por debajo de los reales, e incluso pérdidas, para eludir el pago de los impuestos que les corresponden.

De este modo, Ferrovial se ha ahorrado el impuesto de sociedades desde 2020, y de los ejercicios a partir de 2010 sólo lo ha pagado en los de 2014, 2018 y 2019. El resto de los años el grupo ha declarado que tenía pérdidas en España para no pagar. Durante más de veinte años esta multinacional, con el apoyo de los distintos gobiernos, ha estado escamoteando a la hacienda española impuestos que son básicos para el funcionamiento de los servicios sociales y del propio aparato del Estado, en una nueva demostración de cuál es el verdadero carácter del capitalismo español y de sus muy españoles representantes.

Además de los problemas con el fisco español, Ferrovial está envuelta en este momento en un caso de corrupción en Polonia que afecta al contrato de la filial polaca para la recogida de las basuras de Varsovia. Como publica eldiario.es, el escándalo ya ha provocado la detención de un exministro y de otras catorce personas, entre ellas más antiguos cargos de los gobiernos de la derecha polaca. Al mismo tiempo, Ferrovial se enfrenta a un proceso por delito medioambiental en Eslovaquia y a un juicio en Estados Unidos por un accidente múltiple en una autopista de Dallas construida por su filial y que costó seis muertos. Ferrovial ha exportado al exterior no sólo su capital sino también la manera española de hacer negocios.

Nacionalización bajo control obrero

La respuesta del gobierno ante el anuncio de la fuga de Ferrovial ha sido tan altisonante como impotente. Sánchez empezó reconociendo que Ferrovial tiene derecho a irse, para después poner en duda el patriotismo de del Pino y hacer una defensa de la seguridad jurídica que su gobierno ofrece a las empresas. En unas declaraciones de la ministra de Hacienda María Jesús Montero, citadas por eldiario.es, esta pide amablemente a la empresa que “reconsidere” su decisión y “sobre todo” que, si no cambia de idea, “mantenga el volumen de inversión y puestos de trabajo que tiene” en España. El mensaje que lanza el gobierno al resto de grandes empresas que pudieran estar en una situación similar a la de Ferrovial es “no se vayan, por favor, no les pedimos tanto”.

Como hemos visto, parte de la prensa burguesa está fustigando a Ferrovial y a del Pino por su decisión y por sus constantes trapacerías. La burguesía sabe muy bien que necesita disciplinar a los elementos de su propia clase que saquen los pies del tiesto poniendo en peligro sus intereses y la paz social. Algo que, por supuesto, no entienden los limitados dirigentes de la derecha, para los que este hecho tan grave es solamente una ocasión más para acusar al gobierno de una supuesta deriva izquierdista que ni existe ni se espera.

Un gobierno realmente de izquierdas procedería inmediatamente a incautar todo el entramado societario de del Pino sin indemnización. Las tareas que lleva a cabo Ferrovial son demasiado importantes para seguir encargándoselas a esta y otras empresas privadas, como OHL de Villar-Mir o ACS de Florentino Pérez, que no sólo escamotean impuestos sino que se lucran con unos contratos que el Estado podría perfectamente llevar a cabo con una única constructora y logística pública, gestionada por los trabajadores subrogados de las distintas compañías privadas. La nacionalización de Ferrovial debería ser el primer paso en la nacionalización de todo el sector, y la empresa pública resultante debería ejecutar un ambicioso plan de infraestructuras de utilidad social comprobada y de vivienda pública.

La nacionalización sin indemnización y bajo control obrero es la única respuesta seria que se puede dar ante esta situación, y un Estado obrero la encararía como parte fundamental de la construcción del socialismo en el Estado español y a nivel internacional.