Estiman casi medio millón de violaciones y abusos sexuales: la Iglesia debe pagar por esto

En los últimos días hemos conocido el resultado de la investigación del Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, sobre los casos de abusos sexuales a menores en la Iglesia Católica española, que han sido cifrados en 440.000 víctimas. Tal como anticipamos en Lucha de Clases, la cifra no ascendería a miles, como apuntaban desde la Iglesia Católica, ni a decenas de miles, sino a centenares de miles o incluso podría superar el millón de víctimas, a lo largo de los últimos 70 años.

El trabajo realizado por Gabilondo y su equipo

Este es sin duda un paso adelante y un hito en nuestro país que hay que celebrar, aunque, como trataremos de explicar en este artículo, aún falte mucho camino por recorrer. Y es que, tras siglos de poder e impunidad de la Iglesia Católica en el Estado español, reflejados en este asunto en que ningún Gobierno hasta la fecha se había atrevido a ponerle los puntos sobre las íes, por fin se empieza a hacer pública la abrumadora magnitud del turbio asunto de las agresiones sexuales a menores de edad en el ámbito religioso. Era fácil para nosotros deducir que la cifra ascendería a, como mínimo, cientos de miles, ya que el informe en el caso de Francia reveló más de 300.000 víctimas y algunos de los integrantes de la comisión de investigación hablaron de que habrían podido encontrar millones, de haber continuado la investigación. En el reciente informe del caso español, el equipo investigador ha obtenido los datos de tres fuentes diferentes dentro la Iglesia (órdenes religiosas, diócesis y la Conferencia Episcopal), del formulario del diario El País, del formulario de la web del propio Defensor del Pueblo y, especialmente, de una encuesta encargada a la empresa GAD3. El informe presentado supera las 700 páginas y se puede descargar gratuitamente de la página web del Defensor del Pueblo. En él no sólo se detallan las preguntas de la encuesta y cómo se obtiene dicha cifra, sino también datos por diócesis, datos acerca de los centros educativos, etc.

La derecha, y especialmente Vox, que en el último año no han parado de gritar demagógicamente contra la ley “Sólo sí es sí”, con la anuencia lamentable de la dirección del PSOE, denunciando la reducción de penas y la puesta en libertad de algunos violadores  a través de una interpretación torcida de la misma por jueces derechistas reaccionarios (como aquellos que no veían violación en el caso de “La manada”), ahora guardan un silencio vergonzoso y escandaloso. Las violaciones perpetradas por depredadores sexuales contra niños y niñas indefensos, parece que no tienen la categoría de delitos y de reprobación moral para estos sinvergüenzas, si en ellas están implicados los curas y monjas, como también se ha creditado. Solo este dato sirve para mostrar la absoluta hipocresía de la derecha y su desprecio por las víctimas de violaciones y abusos sexuales, no importa quienes los cometan.

A pesar de este avance positivo y como ya advertimos en nuestro último artículo, no podemos dejar pasar la cuestión de fondo, que es el blanqueamiento de la Iglesia como institución. Eso es lo que, al menos por el momento, han conseguido en Francia, así como en otros países; y que, en España se estaba retrasando por el carácter especialmente reaccionario de la Conferencia Episcopal Española (CEE). Sin embargo, los sectores más audaces de la clase dominante española han puesto sus barbas a remojar al ver cortar las de su vecino, el Estado francés, muy experimentado en apagar todo lo que puede incendiar a la clase trabajadora. Y es evidente que, en el Estado español, este escándalo es material altamente inflamable que se suma a todo el hartazgo de la clase trabajadora. No nos engañemos. El mismo Gobierno que mantiene la reforma laboral de Rajoy, que mantiene los salarios por debajo de la inflación, la ley mordaza, la inviolabilidad de Juan Carlos de Borbón, etc., no habría metido mano a este asunto de no ser con la intención de un peligro mayor para la burguesía. Solamente los sectores más estúpidos y reaccionarios han reclamado continuar con el silencio y la impunidad. Recordemos que, en su origen, Unidas Podemos pidió que fuera una comisión de investigación en el Congreso (con competencias para exigir la verdad a la CEE), el órgano encargado de esclarecer el asunto. Gracias a la dirección de PSOE y PNV, finalmente quedó en manos del Defensor del Pueblo, Gabilondo, fiel a Pedro Sánchez, con el cual la CEE puede capotear mejor el asunto. De hecho, en la rueda de prensa de Gabilondo, puede advertirse lo que parece ser un lapsus. En un momento dado en el que está hablando de las comunicaciones mantenidas con la CEE, Gabilondo reconoce que la CEE pretendía continuar manteniendo el asunto oculto, a lo que él respondió “no es posible hacerlo, porque la sociedad no lo consentiría”. Es decir, si hubiesen visto la manera de que la sociedad tragase con ello, lo habrían preferido, con tal de no tocar los privilegios de la Iglesia. Gabilondo no responde que no porque no sea justo o porque conlleve el sufrimiento de cientos de miles de niños, sino “porque la sociedad no lo consentiría”.

Por otro lado, Gabilondo ha propuesto crear un fondo con participación tanto de la Iglesia como del Estado, a partir del cual deberían financiarse las indemnizaciones a las víctimas, ya que, según ha explicado, el Estado ha sido corresponsable en esta tragedia. Esta medida es inaceptable para la clase obrera. Cuando se dice que el Estado es responsable ¿a quiénes nos referimos? ¡Hay que tener cuidado cuando se habla de las responsabilidades del Estado! Porque, normalmente, significa que las ganancias van para la burguesía y las pérdidas para la clase trabajadora. Si hay alguna responsabilidad por parte, no del Estado en abstracto, sino de los títeres que la burguesía pone a dirigir el mismo, es precisamente la de no haber hecho antes pagar a la Iglesia Católica por semejante atrocidad, la de haber mantenido los acuerdos del concordato con la Santa Sede que cedían la educación a la Iglesia, y otra serie de privilegios. Además, la Iglesia batió este año 2023 el record de ingresos por IRPF, gracias al privilegio de tener una casilla en la declaración de la renta: ¡320 millones de euros! No podemos permitir semejante saqueo. Por tanto, los comunistas nos oponemos a esta medida, y exigimos que sea únicamente la Iglesia quien pague íntegramente las indemnizaciones a sus víctimas.

En cuanto a la cuestión de las cifras, no hay mucho que añadir tras el ejemplo francés. Gema Varona, directora del Instituto Vasco de Criminología y una de las integrantes de la comisión de Gabilondo, ha declarado que “en victimización sexual, la cifra oculta, lo que se llama la victimización oculta, ronda el 90%” por el silencio y la vergüenza a la que son condenadas las propias víctimas. Es por ello por lo que en el caso francés llegó a hablarse de más de 5 millones de víctimas.

La respuesta de la Iglesia

Como era de esperar, la CEE, con Juan José Omella a la cabeza, tras una reunión de la misma de más de seis horas el pasado lunes, emitió un comunicado en el que califica la cifra aportada por el informe como “una mentira”. Como ya explicamos en el anterior artículo, la CEE estaba preparando en paralelo otro informe, encargado al bufete de abogados Cremades y Calvo Sotelo. Según se ha conocido también esta semana, la CEE intentaba adelantarse dando públicamente la primera estimación (obviamente a la baja), pero en el seno del equipo que ellos mismos estaban pagando para que le hicieran un informe a su antojo empezaron a surgir diferencias. Éstas acabaron con la expulsión de Alfredo Dagnino, el miembro más cercano a la Iglesia; por lo que han tenido que aplazar la entrega del resultado de su informe, quedando evidenciado para todo el mundo el ridículo y la corrupción de la CEE, que ya no sabe cómo tapar toda la suciedad pegada en sus sotanas.

De hecho, como ya se ha dicho por activa y por pasiva, la cúpula de la Iglesia Católica no sólo no ha colaborado en la elaboración del informe y ha tratado de realizar otro falso, sino que también ha hecho esfuerzos por acallar a víctimas que estaban hablando y animando a otras a hablar. El informe de Gabilondo pregunta a las diócesis por las indemnizaciones que daban en privado a determinadas víctimas. Pocas de éstas han sido reconocidas. Por ejemplo, ha sido conocido el caso de Miguel Hurtado, que reveló que quisieron comprar su silencio dándole 7.500€ en billetes de quinientos.[1]

Pete Saunders, integrante de la comisión mundial que el Papa Francisco I nombró hace años, declaró tras ser expulsado de la misma que había sido expulsado por empezar a hacer preguntas incómodas.[2] Definió aquella comisión como un órgano de relaciones públicas y dijo que Francisco I hacía declaraciones muy bonitas, pero que no se daba cuenta de que él mismo era parte del problema. He aquí un testimonio de alguien que ha visto el funcionamiento interno de la Iglesia al respecto. Si el “ala progresista” es así, cómo no serán los reaccionarios adversarios del Papa en la Conferencia Episcopal Española.

Hay que decir también que, dentro de la Iglesia, ha habido una respuesta totalmente opuesta entre multitud de monjas, sacerdotes y párrocos de base, que han manifestado en entrevistas públicas o en redes sociales alegría por el esclarecimiento del asunto y han señalado la necesidad de reparación de las víctimas. Como ya pasó, por ejemplo, en La Transición, es inevitable que estalle una brecha de clase dentro de la institución, y los vínculos de su base con la clase trabajadora se expresen de esta manera.

Qué exigimos

Todas las organizaciones de izquierda, obreras y progresistas deberíamos exigir que paguen los culpables, en lugar de eludir su responsabilidad con la complicidad implícita del Gobierno. Exigimos también la apertura de todos los archivos abiertos a la comisión de víctimas que para que identifiquen todos los pederastas. Juicio ejemplar y condena a todos ellos, que la Iglesia pague íntegramente las indemnizaciones que correspondan, y no el Estado como increíblemente propone Gabilondo, el “Defensor” del Pueblo; o sea, que paguemos los contribuyentes por los crímenes de la Iglesia.

Exigimos la ruptura total de relaciones entre la Iglesia y el Estado, que no se destine ni un euro más a las Iglesia y a sus instituciones, que pague todos los impuestos que le corresponden, comenzando por el IBI, y que se elimine la asignatura de Religión en todos los centros educativos. Exigimos la anulación del Concordato con el Vaticano que obliga al Estado, entre otras cosas, a financiar a la Iglesia y a pagar la enseñanza de la religión católica en los colegios e institutos, públicos y privados. Hay que revocar todas las inmatriculaciones de edificios efectuadas por la Iglesia y sus instituciones desde 1946, apropiándose de miles de inmuebles por la cara. Hay que expropiar todos los bienes de la Iglesia no indispensables para su culto, incluyendo todos los Monumentos Nacionales declarados (comenzando por la Mezquita de Córdoba), los bienes inmatriculados, y los bienes e inmuebles de Interés Cultural.

A fin de presionar por todas estas demandas –en particular, el juicio y castigo a todos los delincuentes y a quienes los ampararon, y que la Iglesia pague el 100% de las indemnizaciones– las organizaciones de víctimas, sindicatos, movimientos sociales y de izquierda deberían lanzar una campaña de movilizaciones en la calle. Se trata de obligar al gobierno y al aparato judicial a hacer realidad la demanda de: Verdad, Justicia y Reparación.

[1] Ver documental “Examen de Conciencia”, del periodista Albert Solé.

[2] Íbidem