Análisis Político
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Editorial Lucha de Clases nº 91 - El nuevo año que acaba de comenzar asoma con turbulencias por todas partes, tanto a nivel internacional como en el Estado español.

En el primer caso, nos enfrentamos a una crisis económica inminente, inflación elevada, guerra en Ucrania, estallido de epidemia de Covid en China, o a movimientos revolucionarios en Perú e Irán que aún no han sido apagados. En casa tuvimos en diciembre la crisis institucional más aguda desde el referéndum catalán del 1 de octubre de 2017, con la decisión autoritaria del devaluado Tribunal Constitucional de prohibir sesionar al parlamento, un hecho inédito en nuestra historia que crea un peligroso precedente para nuestros derechos democráticos.

La crisis de régimen se intensifica

No es un detalle menor que esta crisis, como ocurrió con la crisis catalana 5 años antes, se saldara con la intervención pública de Felipe VI en su discurso de Nochebuena, al mejor estilo de un Bonaparte, para llamar al orden y dar directrices al aparato del Estado de poner fin al asunto ante el riesgo, según sus palabras, de la “erosión de las instituciones”; hablando en plata: ante el riesgo de que la acción aventurera de la derecha judicial pusiera al desnudo el carácter antidemocrático del aparato del Estado e incrementara aún más la desconfianza general hacia el orden institucional burgués.

Estas intervenciones cada vez más recurrentes del aparato del Estado y del propio Felipe VI en las crisis políticas del país, suplantando con actitudes autoritarias el papel del gobierno y del parlamento, muestran la profunda debilidad del régimen burgués español. Al carecer de una base social sólida, tratan de violentar la voluntad mayoritaria de la población expresada en los parlamentos (catalán y español) cuando éstos, aunque sea tímidamente, se atreven a cuestionar el statu quo. Pero al actuar así, el Estado y la monarquía se exponen y deslegitiman, perdiendo autoridad moral prematuramente, en lugar de preservarla ante amplias capas de la población para el momento de un estallido popular o movilizaciones convulsivas de la clase trabajadora que necesitaran reprimir.

Empeoramiento de las condiciones de vida

Ante el convulso panorama internacional, está por ver los efectos de la inminente crisis económica internacional en el Estado español, cuando se disipen el “dopaje” de los gastos estatales y el auge del consumo. Lo cierto es que, sin crisis y con la menor cifra de paro desde 2007, 2,83 millones de desempleados, la inmensa mayoría de la población ha visto empeorar sus condiciones de vida por el aumento de los precios.

La cifra de inflación interanual a fines de diciembre, un 5,8%, es engañosa porque oculta que los alimentos aumentaron un 15,3%, aunque durante 2022 hubo picos de aumentos mayores, de un 20% y un 30%. Un medidor más exacto del impacto en las condiciones de vida es la inflación media en 2022, que fue de un 8,4%, muy por encima de la revalorización de las pensiones (del 2,5%), de los sueldos públicos (3,5%) y de lo pactado en convenio en el sector privado (2,69%).

Así, de media, los empleados del sector privado se han dejado 5,71 puntos porcentuales en capacidad de consumo, un 4,9% los funcionarios y un 5,9% los pensionistas.

Frente a esto, lamentablemente, los dirigentes estatales de los sindicatos CCOO y UGT, pese a su palabrería de “salario o conflicto”, no hicieron ningún intento de unificar luchas por territorio y sector para contrarrestar la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores, como habían anunciado en septiembre, dejando que cada lucha individual se agotara en sí misma, mientras los empresarios se regocijaban en sus despachos. Su pánico a “tensar la situación social” les colocó en un frente común desmovilizador con la CEOE y el gobierno, sacrificando a las familias obreras al altar de los beneficios empresariales que aumentaron, entre enero y septiembre de 2022 ¡un 94,7%! (Cinco Días, 01/12/2022), según los últimos datos disponibles.

Las medidas del gobierno

Las medidas “de alivio social”, durante 6 meses, anunciadas por el presidente Sánchez a fines de diciembre ante la persistencia de la elevada inflación, vienen a contrarrestar muy limitada y parcialmente la postración de los aparatos sindicales ante los empresarios, a cuenta del Estado y de los contribuyentes. Estas medidas son una repetición de medidas similares anunciadas en estos 3 años, desde la pandemia.

Se suprime el IVA reducido a los alimentos de primera necesidad: leche, huevos, pan, legumbres, etc. y se reduce el IVA, del 10% al 5%, del aceite y las pastas.

Se mantienen subsidio del 50% para el transporte urbano e interurbano y la rebaja en el 5% del impuesto a la luz y el gas, y se congela el precio de la bombona de butano. Se otorgan 360 millones para subsidiar el combustible a las empresas de transporte y del pescado, y 300 millones en ayudas a los empresarios agrícolas para hacer frente al aumento de los fertilizantes. Y se aumenta un 15% la cuantía del Ingreso Mínimo Vital (550.000 perceptores, que reciben entre 564€ y 1243€) y las pensiones no contributivas. Hay otras medidas de difícil aplicación, por el papeleo burocrático que implican, como el bono de 200 euros por una sola vez a familias vulnerables (con ingresos inferiores a 27.000 euros al mes, unos 4,2 millones de hogares) o la prórroga del tope al aumento del alquiler de un 2%, que la mayoría de los propietarios tratarán de incumplir. En cualquier caso, el gobierno estima que estas medidas tendrán un coste de 10.000 millones de euros. Esto realmente son migajas, porque sólo en 2022 el Estado ha recaudado 32.200 millones de euros más de lo previsto, gracias a la inflación que ha disparado los ingresos por IVA e IRPF. En cualquier caso, estas medidas no van a restaurar el poder adquisitivo perdido y se diluirán rápidamente cuando llegue la crisis.

No se puede radicalizar a la sociedad”

La situación tras la pandemia ha dejado un panorama incluso más desigual que antes. Un tercio de la población española no tiene capacidad económica para afrontar imprevistos. En los últimos 5 años, los salarios han aumentado un 6% mientras el precio de la vivienda ha escalado un 15%. La mitad de la población gana menos de 21.000 euros y la temporalidad afecta a uno de cada cinco empleados (epe.es, 02/10/22)

Por el otro lado, según la revista FORBES, las 100 personas más ricas de España suman un capital oficial reconocido de 143.000 millones de euros, equivalente al 11,1% del PIB.

De acuerdo a los últimos datos publicados por la Agencia Tributaria, correspondientes a 2020, el sueldo más frecuente en España se situaba en torno a los 18.480 euros, y el salario mediano (el que divide al número de trabajadores en dos partes iguales, los que tienen un salario superior y los que tienen un salario inferior, y que es una medición más exacta del salario medio de un trabajador) presentó un valor de 20.920,12 euros en 2020. Según el INE, el 66% de los asalariados (dos de cada tres) cobraba en 2020 un salario igual o inferior a 2 veces el salario mínimo interprofesional, establecido en 1000€. (20minutos.es, 20/09/22). Y la escalada inflacionaria del último año y medio ha reducido el salario real todavía más.

Esta situación está incubando una situación de malestar agudo que se ha expresado recientemente en las masivas movilizaciones a favor de la sanidad pública, pero también en un crecimiento sostenido de las luchas sindicales. No es casualidad que, recientemente, el presidente de la patronal, Antonio Garamendi, haya salido a la palestra advirtiendo al gobierno que no eche leña al fuego del descontento social culpando a determinados grupos empresariales de enriquecerse a costa de las familias trabajadoras, en relación a la energía, los bancos, y otros, en el intento de los últimos meses de Sánchez de escorarse un poco a la izquierda para apuntalar su vacilante base social.

Así, Garamendi afirmó: “No se puede hablar de ricos y pobres, no se puede hablar de 'el Gobierno de la gente', no se puede radicalizar a la sociedad” (eldiario.es, 11/10/22)

¿Qué expresan las preocupaciones de Garamendi sino el miedo al potencial de lucha de la clase obrera, el reconocimiento explícito de la correlación de fuerzas favorable para la lucha revolucionaria por la transformación social? Está mirando a Perú y más allá.

Qué contraste entre las palabras de Garamendi y las admoniciones moralistas y apesadumbradas de los dirigentes oficiales de la izquierda sobre la "correlación de fuerzas desfavorables" en toda época y lugar. Sin duda, nos tomamos más en serio las palabras sobrias de preocupación de un representante cualificado de la clase dominante que los quejidos fatalistas de aquéllos que llevan años advirtiendo de un futuro de reacción a la vuelta de la esquina.

La burguesía puede ver lo mismo que los marxistas, que bajo la superficie de relativa calma se acumulan fuerzas explosivas colosales. Debemos estar preparados.

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