El pasado 20 de noviembre el gobierno decidió encarcelar de forma ilegal a casi 600 personas provenientes de Argelia, cuya única intención es empezar una nueva vida. Fueron encarceladas en la cárcel de Archidona, todavía sin estrenar. Transcurrido todo este tiempo hemos podido ver cómo el gobierno del Partido Popular se ha seguido saltando las leyes en numerosas veces y los tratos inhumanos que han recibido estas personas.

La Audiencia Nacional ha vuelto al primer plano de la actualidad al acusar al gobierno de la Generalitat de "Rebelión" y encarcelar a 7 consellers. Mucha gente desconoce que la Audiencia Nacional, que es pintada como el paladín de la justicia y el garrote de los políticos corruptos, fue un órgano creado al final de la dictadura, en enero de 1977, cuando aún permanecían ilegalizados los partidos políticos y sindicatos obreros, así como las manifestaciones, y no existía la libertad de expresión. En realidad, la Audiencia Nacional vino a sustituir a un icono de la dictadura franquista, el Tribunal de Orden Público (TOP), encargado de reprimir la oposición política y las luchas obreras y estudiantiles.

La aprobación del PEF (Plan Económico Financiero) en el pleno municipal del Ayuntamiento de Madrid el pasado 18 de diciembre confirma definitivamente el giro a la derecha de la propuesta reformista de izquierda con la que Ahora Madrid se presentó a las elecciones de 2015. A esto se suma, que dicho plan fue aprobado con los votos de los 21 concejales del Partido Popular, mientras que PSOE y Cs aprovecharon la ocasión para votar en contra y en un giro oportunista, situarse en contra de los recortes a nivel municipal. En el caso de la coalición gobernante, Ahora Madrid, se ausentaron en la votación hasta seis concejales pertenecientes al ala izquierda (IU, Anticapitalistas, Ganemos). La culminación definitiva del giro fue el cese del concejal de Hacienda, Carlos Sánchez Mato, por oponerse a la estrategia derrotista ante Montoro de la alcaldesa.

Libertad incondicional y sin cargos para Oriol Junqueras, los 7 consellers de la Generalitat, los dos Jordis y demás presos políticos del Estado español (presos de Alsasua, Alfón, Andrés Bódalo, etc.)

El encarcelamiento de 8 miembros del gobierno catalán, que fueron citados a declarar esta mañana ante la Audiencia Nacional, es un escándalo absoluto y una grave violación de los derechos democráticos más básicos por parte del Régimen del 78. Recordemos que están imputados por haber organizado el referéndum de autodeterminación del 1 de Octubre, es decir, por el ejercicio de una ley democrática básica que había sido aprobada por el Parlamento de Cataluña. No está tampoco de más recordar que el 70% de los catalanes está a favor de ejercer ese derecho, según todas las encuestas.

Los sindicatos amarillos policiales y funcionariales han salido a defender a estos agentes, justificando sus comentarios como pertenecientes a un “ámbito privado”, es decir, alegando cuestiones de forma para evitar condenar la actitud mostrada. Es una defensa similar a la usada con los agentes de la Policía Nacional captados en la entrada de la audiencia nacional el 3 de noviembre, haciendo mofas sobre una hipotética violación de Oriol Junqueras en prisión.

Una de las cuestiones políticas más candentes de este verano está siendo, sin duda, el turismo, y la dependencia de la economía española en este sector. La polémica ha tenido como epicentro a Barcelona, a raíz de las numerosas protestas que allí han tenido lugar y de la magnitud particularmente grave que ha adquirido el problema en esta ciudad. La intensidad que ha alcanzado este debate muestra que la problemática va más allá del turismo como tal, y plantea cuestiones como la naturaleza de la recuperación económica, la precariedad laboral y habitacional, o la gentrificación de los barrios obreros y populares.