Han pasado ya más de diez años desde la penúltima crisis del capitalismo, y aún hoy la clase trabajadora sigue sufriendo las consecuencias: hay más precariedad laboral, continúan los desahucios, presión al alza de los alquileres, congelación de pensiones, pérdida de poder adquisitivo, etc. Actualmente estamos pagando los excesos de una clase dominante incapaz de reconducir la situación.
El 10 de noviembre habrá nuevas elecciones generales tras el fracaso de la investidura de Pedro Sánchez como presidente del gobierno. Serán las cuartas elecciones en 4 años, una situación sin precedentes en 42 años de “democracia”. Esto refleja la enorme inestabilidad social y debilidad que atraviesa el régimen político salido de la Transición. Aun así, este resultado era impensable hace 5 meses, cuando la izquierda obtuvo una victoria contundente contra la derecha ¿Cómo se ha llegado a esta situación? ¿Qué perspectivas se abren para estas elecciones, y más allá?
Las revelaciones del periodista de investigación Carlos Enrique Bayo en Público.es arrojan luz sobre las estrechas relaciones entre el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y el imán de Ripoll, Abdelbaki es Satty, cabecilla del grupo yihadista que perpetró los atentados de las Ramblas de Barcelona. Esta investigación apunta, en el mejor de los casos, a una escandalosa negligencia, pues, habida cuenta de la abundante información recabada sobre este personaje, tendrían que haber saltado todas las alarmas tras la explosión del laboratorio de explosivos de Es Satty en Alcanar. Pero también abre interrogantes mucho más siniestros sobre las posibles motivaciones políticas del CNI en esconder sus vínculos con el imán. Este escándalo no cae del cielo, ya que el Estado español y sus cloacas tienen una larga trayectoria de conspiración, intriga y manipulación.
En el momento de escribir este editorial aún no había un acuerdo para investir al gobierno de Pedro Sánchez. Si el 23 de septiembre no hay un gobierno elegido, quedarían convocadas automáticamente nuevas elecciones generales para el 10 de noviembre.
Hace unas semanas, dejamos clara nuestra posición ante un gobierno de coalición entre el PSOE y Unidos Podemos. Ahora, la dirección de Podemos ha lanzado una “consulta” a los militantes del partido para que se pronuncien sobre su participación en el gobierno de Sánchez. Pese a los dos meses y medio transcurridos desde las elecciones del 28A, esto tiene lugar sin un debate previo en las bases ni en asambleas de círculo, ni siquiera en asambleas públicas donde los votantes y simpatizantes puedan interpelar a quienes eligieron al parlamento. Como de costumbre, la “consulta” no puede ser más tendenciosa, diseñada para ganar “a la búlgara”. Se trata de optar entre la propuesta de la dirección de Podemos ¡y la propuesta de la dirección del PSOE! Lucha de Clases llama a votar en blanco en esta “consulta”, y explicamos aquí nuestras razones.
El fracaso del primer intento de investidura de Sánchez ha mostrado dos cosas. La primera, que la negativa del PSOE a pactar con Unidas Podemos (UP) significa que no está dispuesto a introducir cambios significativos en las condiciones laborales y de vida de las familias obreras, como exigen los ricos y los patrones del Ibex35, pese a que UP ha reducido al mínimo sus exigencias programáticas; y la segunda, la incomprensible tozudez de la dirección de UP de querer entrar en un gobierno que no sólo no aplicará ninguna de sus promesas de campaña sino que también frustrará tarde o temprano las expectativas que tienen depositadas en él millones de trabajadores. Por eso, siempre hemos defendido que UP facilite la investidura de Sánchez y pase a la oposición, y así pueda tener las manos libres para agitar por su programa y movilizar por él en la calle.
El juicio del Procés toca a su fin. A falta de las conclusiones de las defensas, que tendrán lugar la semana del 10 de junio, las conclusiones de la Fiscalía y la Abogacía del Estado, así como el propio desarrollo del juicio, son una demostración precisa del carácter político de este juicio. Los nueve presos políticos catalanes y el resto de encausados, (hasta dieciocho) se enfrentan a penas que van de siete a veinticinco años de prisión por rebelión, malversación y desobediencia (de acuerdo con el escrito de la fiscalía basado en la escandalosa instrucción del juez Llarena). Estamos ante un juicio político con consecuencias potencialmente explosivas para la cuestión nacional catalana, que sin duda va a marcar la legislatura que comienza.
