Economía
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El gobierno de coalición, dominado por el PSOE, y con Unidas Podemos de cómplice, tiene que acometer reformas que vienen impuestas directamente de la Unión Europea. La ministra Montoro lo deja claro al decir que “no puede ir a Europa a pedir 140.000 millones”, el dinero que le corresponde del fondo de recuperación comunitario, sin acometer reformas o queriendo bajar impuestos.

Por esto mismo, el gobierno ha presentado un plan titulado “Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia” en el cual se presentan una serie de medidas que pretenden contentar a Europa.

El documento admite que la clase trabajadora ya lleva bajo sus espaldas una gran carga fiscal y explica que la situación actual del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, se caracteriza en que su recaudación procede en gran medida de los trabajadores, al superar los rendimientos de trabajo el 80% de la base imponible del impuesto.

Y por eso, el gobierno plantea medidas que afectan a los más ricos, aunque en lugar de ser una subida significativa de los impuestos acaba siendo una subida anémica a las rentas más altas, como por ejemplo: una subida del 1% del impuesto de patrimonio, del 2,5% al 3,5%, para patrimonios superiores a 10 millones de euros. O también tenemos la aplicación de un gravamen del 0,2% para compraventas de acciones de empresas españolas cotizadas con una capitalización bursátil superior a 1.000 millones. Estas medidas nos parecen absolutamente insuficientes y, sobre todo, para la situación económica desastrosa que tenemos en la actualidad. Es como intentar enfriar una olla de agua hirviendo con un cubito de hielo, totalmente inútil.

La realidad es que la mayoría de reformas que se presentan tienen, de nuevo, a la clase trabajadora como la principal afectada y tocan el poder adquisitivo de los más ricos de forma testimonial.

Se crean impuestos con el motivo, supuestamente, de proteger el medio ambiente y entre ellos están:  los plásticos, los residuos urbanos, emisiones contaminantes del sector aéreo, al gasóleo para equipararlo con los impuestos de la gasolina, un impuesto indirecto que grave la prestación de determinados servicios digitales, un impuesto sobre los gases fluorados que se usan como refrigerante, y etc.

Están abiertos a crear más impuestos de este estilo y afirman que serán las empresas quienes se harán cargo del coste, pero el que tiene una mínima base de economía entiende que quien establece los precios del mercado son las empresas y no los usuarios que adquieren los productos, y por tanto, estos impuestos que se crean harán que se eleven los precios del producto final. Por tanto, los capitalistas no van a asumir el coste de estos impuestos, ya que el mercado es muy competitivo y les exige obtener el máximo beneficio posible poder seguir compitiendo y mantener sus fortunas.

Europa quiere que los trabajadores paguen esta crisis y el PSOE es a quien se le ha encomendado esta misión. Por ello, desde el gobierno también se plantea cobrar peajes en todas las autovías y autopistas del país, se plantea aumentar aún más la carga fiscal a los trabajadores para costear los ERTES, aumentar los impuestos por matriculación de vehículos, también pretenden eliminar la reducción por tributación conjunta del IRPF, y elevar el IVA reducido que se aplica a algunos productos. Y todo esto tiene como objetivo aplicarse de forma gradual hasta 2024, con opción a dilatarse en el tiempo.

Los capitalistas tienen que intentar aplicar sus contrarreformas para evitar que el sistema colapse pero saben que la clase trabajadora va a oponerse frontalmente a estos ataques. Por eso no pueden hacerlo de golpe y tienen miedo de cada paso que dan, ya que podrían generar movimientos capaces de desafiar su poder.

Por ello, al menor atisbo de aplicarse estas medidas, las organizaciones sindicales, movimientos sociales, de pensionistas y de la juventud debemos salir a la calle para obligar al gobierno a recular y a que les obligue a pagar a los ricos la crisis de su sistema, y si recurren al cierre de empresas y a la fuga de capitales para chantajear al gobierno y a la población deben ser expropiados para utilizar esos recursos para el avance social.

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