Al contrario del dogma de los economistas burgueses de que el Estado no debe jugar ningún papel en la vida económica, el Estado se ha involucrado muchísimo en ella debido a la pandemia. El supuesto infalible libre mercado ha fallado y el sistema capitalista se sustenta gracias al enorme gasto de dinero público.

La banca española festeja la crisis económica y las penalidades por las que están pasando millones de trabajadores, anunciando cerca de 19.000 despidos este año y cerrando más de 2.000 sucursales. En 2020, en lo peor de la pandemia, los grandes banqueros se embolsaron decenas de millones de euros en sueldazos, mientras el Estado les avaló con hasta 140.000 millones de euros ante hipotéticos créditos fallidos de las empresas.

La industria vasca ha pasado de 423.000 empleos en 1975 a 194.000 en la actualidad. Una pérdida del 54% que continúa ahogando al sector con políticas neoliberales. Fagor, Xey, CEL y La Naval son ejemplos recientes de mala gestión del Gobierno y las diputaciones vascas.

La privatización de Bankia a favor de CaixaBank es un regalo escandaloso a la oligarquía financiera española, a través de una absorción que le saldrá prácticamente gratis a la entidad catalana, un firme baluarte del Ibex35 y del unionismo españolista. A fines de 2017, CaixaBank trasladó su sede central de Barcelona a Valencia, como una forma de presionar contra el Procés.

Recientemente, hemos asistido a una demostración del poder de los banqueros en nuestro país. En pocos días han conseguido que el Tribunal Supremo se rectifique a si mismo, declarando que el  impuesto de las hipotecas deben pagarlo los hipotecados. Una decisión que ahorra a la banca miles de millones de euros, porque no tendrán que devolver retroactivamente este impuesto en millones de hipotecas.

A lo largo de estas semanas se han sucedido protestas masivas en el campo convocadas por las organizaciones de propietarios agrícolas, desde los pequeños productores agrupados en UPA hasta los terratenientes nucleados en ASAJA. El eje movilizador de la protesta son los bajos precios pagados en origen por los productos agrícolas, que ven multiplicado su precio por 3 y por 4 en los supermercados y grandes superficies comerciales. Los propietarios se quejan de que el precio en origen se mantiene más o menos estable desde hace años mientras que los costes de producción han crecido.

Finalmente, el Tribunal Supremo ha fallado a favor de la banca. La sala de lo contencioso administrativo del alto tribunal ha decidido, por quince votos contra trece, que el pago del impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) recaiga, como hasta ahora, en el cliente hipotecado y no en el banco. Esta sentencia vuelve a poner al desnudo el carácter de clase de la justicia y del Estado en su conjunto.