Espionaje a políticos independentistas: Así funciona el Estado (burgués) de Derecho

Un escándalo ha saltado los últimos días al conocerse que 65 políticos y dirigentes independentistas catalanes y vascos habían sido espiados desde 2017 a 2020 a través de sus teléfonos móviles con el programa de espionaje Pegasus, diseñado especialmente por una empresa israelí para gobiernos de todo el mundo. En realidad, no hay nada nuevo aquí. Este es el <em>modus operandi</em> de cualquier Estado burgués para combatir a quienes considera sus enemigos.

A través de este programa se podía acceder a todo el contenido del teléfono, incluidos correos electrónicos, archivos, fotografías, grabación de conversaciones, activación de la cámara del móvil en remoto, etc. En suma, una violación completa de la intimidad y de las actividades políticas, profesionales y personales de los espiados.

El escándalo ha sido destapado por el grupo de investigación Citizen Lab de la Universidad de Toronto. Las sospechas de espionaje descansan lógicamente sobre el Estado español, y particularmente sobre los servicios secretos, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), dependiente del Ministerio de Defensa.

Según ha revelado el diario Público, el CNI adquirió Pegasus por seis millones de euros en 2014 “para espiar en el extranjero”. Ahora bien, sería pueril e ingenuo pensar que los servicios secretos y los gobiernos iban a refrenar sus actividades en casa con esta poderosa herramienta de espionaje, en un momento en que tanto Podemos como el movimiento independentista catalán estaban en pleno auge y eran vistos como las mayores amenazas existenciales para el Estado. Y, sobre todo, cuando estaba al frente el gobierno de M. Rajoy, cuyo ministro de interior, Fernández Díaz, ya estaba en pleno proceso de organización de casos de espionaje y montaje de causas falsas utilizando a la policía (la Brigrada patriótica) tanto en el caso del independentismo catalán, de Podemos y Pablo Iglesias, así como del propio extesorero del PP, Luis Bárcenas.

Por su parte, el Gobierno de Sánchez, a través de su portavoz Isabel Rodríguez, afirmó cínicamente en rueda de prensa el martes 19 de abril que no puede aclarar si los servicios de inteligencia usan Pegasus “porque la ley lo prohíbe”, y que por supuesto “no se espía, no se intervienen conversaciones, no se intervienen informaciones si no es al amparo de la ley”. Más cínica, incluso, ha sido la respuesta de la ministra de defensa, esa marioneta del Estado Mayor del Ejército, Margarita Robles, cuando dijo el miércoles 20 de abril que: “Es fácil imputarle al CNI unas ciertas actuaciones porque no se puede defender; ni decir una cosa ni la otra”. Vamos a ver, señora ministra, si el CNI depende del ministerio de defensa, y éste es el último responsable de sus actuaciones por ley, el propio ministerio, y la ministra misma, sí podrían negar que dichas prácticas de espionaje existieron. En realidad, esta es una manera bastante burda de admitir lo que es evidente, que el CNI espió a estos dirigentes y políticos independentistas, como en realidad lo lleva haciendo desde hace décadas. Lo realmente específico y grave, en el caso del podrido y corrupto aparato neofranquista del Estado español, es que cualquier mando de la policía que alcanza determinado escalafón puede disponer de los recursos del Estado para hacer prácticas de espionaje sin control alguno y sin rendir cuentas a nadie, como la demuestra suficientemente el caso del famoso ex-comisario Villarejo, quien tiene audios grabados hasta de las intimidades más obscenas del anterior Jefe del Estado, Juan Carlos de Borbón. Más aún, los grandes jefes del Ibex35, banqueros y monopolistas, utilizaron los servicios de Villarejo y de la policía para espiar y chantajear a sus rivales, como ha quedado acreditado.

Hay que tener en cuenta que el cambio de denominación de los servicios de información del Ministerio de Defensa, CESID por CNI, y la ley que lo consagró (11/2002) fue la respuesta del Gobierno de José María Aznar al escándalo de las escuchas realizadas por el servicio de Inteligencia durante una época a políticos, empresarios y periodistas. Al poco tiempo, se aprobó un segundo texto legal (2/2002) que impuso al servicio de Inteligencia un control judicial para la intervención de las comunicaciones y el acceso a los domicilios.

Esta es la verdadera naturaleza del aparato del Estado español, de sus fuerzas represivas, de sus servicios policiales y de inteligencia: espiar sin control a todo individuo u organización que eventualmente es considerado una amenaza para el régimen y el aparato del Estado, o para explotar desavenencias entre sectores del establishment y del poder económico en provecho de los gobiernos de turno, de sectores del gran capital o del mismo aparato del Estado.

La única novedad en todo este asunto del espionaje a dirigentes independentistas, es que ahora los servicios secretos realizan estas actividades con el programa informático, Pegasus.

En este asunto lo que ha molestado a los dirigentes independentistas es si estas prácticas, originadas bajo los gobiernos del PP y que han continuado con los gobiernos de Sánchez, han contado con el conocimiento y visto bueno de Sánchez y Margarita Robles, o no. El gobierno no ofrece una respuesta clara, sino con evasivas, escudándose en que la ley les impide hacerlo.

En realidad, la ley de 2002 obliga a la CNI a obtener el permiso de espionaje de un único juez del Supremo para intervenir las comunicaciones, pero los resultados son considerados “materia clasificada” que deben ser remitidos al presidente del Gobierno. Es decir, de cumplirse con el cauce legal, el resultado de dichos pinchazos o registros se incorporará a un informe de inteligencia con destino a quien el CNI está obligado a informar por ley: el presidente del Gobierno. La solicitud al juez del Supremo y la autorización de éste forman un expediente secreto que custodia el propio Centro Nacional de Inteligencia.

Lo que esto significa es que la única manera de saber si el CNI siguió el proceso legal de sus actividades en este caso, independientemente de su contenido represivo y reaccionario que nosotros rechazamos y denunciamos, es acceder a los archivos del CNI para comprobar si existe ese expediente. Pero ¡ay! la misma ley prohíbe dicho acceso, e incluso confirmar su existencia. Curiosa forma de legislación: ¡la ley sólo avala el espionaje del Estado con permiso del Tribunal Supremo pero esa misma ley impide comprobar si se ha actuado según la legalidad! ¡Hecha la ley, hecha la trampa!

El otro aspecto de esto es si, incluso habiendo obtenido el permiso del Tribunal Supremo, los jefes del CNI informaron de esto al gobierno de Sánchez y le remitieron los resultados de sus pesquisas; y en ese caso si el gobierno dio órdenes en su momento de paralizar y terminar con este espionaje. Por supuesto, el gobierno de Sánchez no aclara una cosa ni la otra. Desde luego, no vamos a poner la mano en el fuego por Sánchez y Robles, ambos son personales leales y dóciles al régimen y al gran capital. La implicación servil y abyecta del gobierno español en la actual guerra de Ucrania es sólo la continuación en la política exterior de lo que ya hacen en casa. Y para el régimen, el independentismo es el enemigo público número 1 porque ataca el corazón mismo del Estado: su intocabilidad, su prestigio, su papel de considerarse la encarnación misma de la llamada “nación española”, y los privilegios e intereses materiales que se derivan de todo esto.

También es cierto que no es la primera vez, ni será la última, que el “Estado profundo” del Estado actúa al margen de los gobiernos y particularmente de gobiernos “progresistas”; o, mejor dicho, le impone a dichos gobiernos sus propias iniciativas, que éstos aceptan sin rechistar. El aparato del Estado español, heredado intacto del franquismo, tiene sus propios intereses al margen de los gobiernos y los parlamentos de turno. Estos intereses se derivan de los enormes privilegios e ingresos materiales que tienen los altos escalafones del aparato del Estado, desde la oficialidad del Ejército a los mandos altos y medianos de la Policía y la Guardia Civil, la judicatura y la alta administración del Estado, por no hablar de la monarquía, cabeza coronada de todo este entramado.

¿Y qué tienen que decir los dirigentes de Unidas Podemos de todo esto? Su papel es tan lamentable como en todo lo demás: guerra de Ucrania, reforma laboral, subida de alquileres y de la luz, etc. Cuando no aceptan sin rechistar, refunfuñan por los pasillos contra Sánchez, para terminar proclamando la icónica frase: “Pese a todo, no peligra la continuidad del gobierno de coalición”, no importa los puntapiés que Sánchez les dé en el trasero. Al final, han tratado de eliminar cualquier responsabilidad de Sánchez y Robles en este asunto, sin aportar prueba alguna.

Así, el portavoz de la coalición, Jaume Asens, insiste en que lo ocurrido “es herencia del PP” y ha atribuido el espionaje a “elementos policiales” descontrolados y a las “cloacas del Estado” vinculadas a los populares. No hay más preguntas. Señoría. Aquí paz, y después gloria.

Desde nuestro punto de vista, no tiene sentido rasgarse las vestiduras ante este escándalo como si fuera una “mala práctica” del CNI en oposición a unas «buenas prácticas» que deberían seguir los servicios secretos. Eso es ridículo. El llamado Estado de Derecho es sólo una hoja de parra que oculta la dictadura del gran capital a través de sus empleados de uniforme a sueldo. Por supuesto, el Estado “democrático” está obligado a poner límites y regular las contradicciones de la sociedad para amortiguar los choques sociales y evitar que «la sociedad se devore a sí misma», como decía Engels. Debe moderar los apetitos de los grupos más voraces del capital y del Estado mismo en épocas “normales”, estableciendo reglas entre iguales para los diferentes sectores de la clase dominante, a fin de mantener la estabilidad del conjunto; y la clase obrera está obligada a luchar y presionar para introducir la mayor cantidad de limitaciones a la represión desnuda del Estado, así como de derechos democráticos para defender sus intereses en las mejores condiciones posibles. Pero no se puede cambiar la naturaleza esencial del Estado en una sociedad dividida en clases: es un aparato de represión y coerción para sostener dicha sociedad de clases y el dominio de la burguesía. Por ello, está en la naturaleza del Estado, y particularmente del Estado español con su historia negra de masacres contra el pueblo, proteger al régimen y al capitalismo empleando cuanto instrumento tenga en sus manos. De antemano podemos afirmar y predecir que la policía y el CNI seguirán espiando a dirigentes sociales, políticos y a sus organizaciones, como lo han venido haciendo siempre: en la lucha contra el franquismo, en la llamada Transición, contra la izquierda abertzale durante décadas, o más recientemente contra Podemos y el movimiento independentista catalán. Y nos parece irrelevante si para ello emplean el programa Pegasus o un simple micrófono debajo de una mesa.

El papel de la izquierda, en lugar de suspirar por un Estado que no espíe ni abuse (con el mismo efecto de tratar de convencer a un tigre para que se convierta en vegetariano), es el de denunciar en alta voz la naturaleza del Estado (burgués) de Derecho. Debe denunciar y exponer su papel reaccionario, la hipocresía y falsedad de sus leyes tramposas y la necesidad de demolerlo hasta sus cimientos de la mano de la transformación socialista de la sociedad, suprimiendo el dominio del gran capital que es en última instancia la fuente de donde dimanan el poder y los recursos del Estado.

Sólo en una sociedad socialista podremos disponer de un aparato de Estado propio, en proceso de disolución en el seno de la sociedad, basado en el control y la participación democráticos de toda la población con la más amplia democracia obrera, sin privilegios ni destacamentos especiales de represión (ejército, policía, jueces) separados del pueblo.

 

Imagen de portada: genbeta.com