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Uruguay: Alto acatamiento a la huelga general de 24 horas

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A poco más de seis meses de iniciada la presidencia de José Mujica, se concretó una huelga general en Uruguay el pasado jueves 7 de octubre. Organizada por la central sindical PIT-CNT, responde a la propuesta de Presupuesto Quinquenal presentada por el gobierno ante el parlamento. La iniciativa contempla la postergación de salarios y jubilaciones, una reforma del estado privatizadora y la flexibilización de las relaciones laborales en el sector público.


 

Nadie en la calles

El alto acatamiento a la huelga se podía observar a simple vista: la actividad se redujo a la de un día domingo. Salvo algunos pocos comercios, toda la actividad estuvo paralizada. Si bien la medida fue impulsada por los sindicatos estatales, los del sector privado acataron la decisión mayoritaria y se plegaron a la misma. No hubo transporte y permanecieron cerradas las oficinas, escuelas, bancos y fábricas.

Después de tres paros de estatales y cinco de docentes secundarios en Montevideo en los últimos meses, el PIT-CNT debió convocar a esta huelga general, lo que evidencia las presiones desde las bases y también las internas en el sindicalismo uruguayo y en el Frente Amplio (FA). Los sectores sindicales astoristas y reformistas (Articulación) debieron aceptar la iniciativa clasista y de izquierda, aunque impusieron el rechazo de una movilización central. Hubo algunas marchas de trabajadores estatales en el interior y sólo los taxistas movilizaron en Montevideo. Dentro del FA un sector del PCU y también del MPP (tupamaros) se va diferenciando del rumbo procapitalista del gobierno. 

El gobierno de Mujica

Entre sus primeras medidas figuran acuerdos con los organismos internacionales de crédito (BID, BM y FMI), que perpetúan la dependencia, y una nueva apertura del sector público a la inversión privada imperialista, que conlleva la flexibilización de las leyes laborales de los trabajadores estatales y significa la pérdida de derechos conseguidos tras años de duras luchas.

Mujica fue impulsado al poder como esperanza de un giro a la izquierda tras el gobierno reformista de Tabaré Vázquez pero no recibió un cheque en blanco por parte de los trabajadores y el pueblo oriental. Como anticipamos hace un año con motivo de las elecciones presidenciales, el nuevo gobierno está siendo sometido a una doble presión: por un lado por parte de la oligarquía y el imperialismo, y por el otro por la resistencia de los trabajadores. Ante la persistencia de la crisis capitalista mundial las tensiones y la polarización crecerán y el gobierno no podrá mantener su apoyo popular si no cambia de rumbo.

Si no asume un programa que recoja los reclamos de los trabajadores y el pueblo pobre (salarios, salud, vivienda,  educación, etc.) que necesariamente implica tomar medidas de fondo, socialistas (nacionalización y puesta bajo control obrero de latifundios, banca y grandes empresas transnacionales), y avanzar en la integración con los procesos revolucionarios latinoamericanos, la inestabilidad social, sindical y política se harán sentir en el FA y en el PIT-CNT, como ya está empezando a observarse.

Los activistas clasistas y de izquierda del Frente Amplio y del PIT-CNT tienen el doble desafío de desplazar al reformismo conciliador en la central sindical y conformar una corriente socialista revolucionaria en el FA que conduzca Uruguay al cauce de la revolución latinoamericana. Deben apoyarse en la democracia de base y en la movilización de los trabajadores. En ese camino tendrán que enfrentar diversos peligros: la herencia stalinista del etapismo y el ultraizquierdismo que los haría despegarse los sectores rezagados, los que aún confían en la autoridad histórica de los dirigentes frenteamplistas y que necesitan más tiempo para hacer su experiencia.