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Cassandra, Carrero Blanco y la Audiencia Nacional

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La condena de un año de cárcel, y siete de inhabilitación absoluta, a Cassandra Vera por tuitear chistes sobre el atentado a Carrero Blanco, vuelve a destapar los vínculos del aparato del Estado con el Franquismo, así como los efectos de la legislación represiva que, con la excusa de la lucha contra ETA, pusieron en marcha los gobiernos del PP y el PSOE en las últimas décadas.

carreroCarrero Blanco jurando como presidente del gobierno de FrancoEsta sentencia se produce en un contexto que aumenta el escándalo; tras la absolución de facto de Cristina de Borbón y el trato preferente a Iñaki Urdangarin, con la lista de casos de corrupción cuya instrucción se dilata y se dilata, el empeño de la Audiencia Nacional por perseguir supuestos delitos de opinión coadyuva a la percepción de una justicia para ricos y otra para pobres e “indeseables”.

A Cassandra se la condena por “enaltecimiento del terrorismo” y “humillación a las víctimas” por una serie de chistes en twitter sobre el atentado contra el que fuera presidente de un gobierno ilegítimo, surgido del golpe de estado de 1936. Chistes de Carrero se han hecho desde el mismo día del atentado. El sentido del humor siempre ha sido una válvula de escape y una forma de resistencia de las clases populares. Grandes cómicos, como Tip y Coll, hacían chistes sobre el atentado de Carrero en los años 80 sin que pasara nada. Todo el proceso ha sido inquisitorial, incluido el detalle de que en la sentencia, el tribunal se refiere en todo momento “al acusado”, cuando Cassandra Vera es una mujer transgénero.

Carrero Blanco era el segundo hombre más poderoso de un régimen edificado sobre la derrota de la revolución española y sobre la represión, la tortura y la muerte de cientos de miles de trabajadores y trabajadoras, de las que fue en todo momento corresponsable en tanto miembro de los diferentes gobiernos de la dictadura. Era el elemento más identificado con la persona de Franco y que representaba la continuidad del régimen tras la muerte del dictador. El atentado fue recibido con alborozo por buena parte de la oposición al régimen, aunque, objetivamente, no benefició a la lucha de la clase trabajadora: el mismo día del atentado se iniciaba el Proceso 1001 contra la dirección de CCOO y la bomba de ETA frenó e invisibilizó la movilización obrera. Hay que añadir que los autores del atentado, huidos a Francia, nunca llegaron a ser juzgados y se beneficiaron de la Ley de Amnistía de 1977, por lo que la única persona condenada por el asesinato de Carrero Blanco es… Cassandra Vera.

El aparato del estado franquista permaneció intacto tras el fraude social y político llamado Transición, lo que ha legado al régimen constitucional del 78 unas fuerzas armadas, unas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y una judicatura forjadas en el franquismo, así como una legislación que mantiene muchos de los elementos bonapartistas del viejo régimen, y que explican que la española sea una democracia limitada. Una pieza fundamental del entramado judicial de la dictadura era el Tribunal de Orden Público (TOP), dedicado a perseguir a la oposición política y social al régimen. La Audiencia Nacional es heredera del viejo TOP, disuelto y sustituido por ésta en 1977 sin que sus sentencias fueran anuladas. La AN es, como el TOP, un tribunal de excepción cuya función represiva se hace más evidente en el contexto de la crisis de régimen. Es una reliquia del franquismo que debe desaparecer.

Durante años se ha ido perfeccionando la legislación y la actuación represiva del Estado con la excusa del terrorismo de ETA. Los cierres de periódicos, redadas masivas y torturas (por no hablar del terrorismo de Estado) han sido el pan nuestro de cada día en el País Vasco. Es en ese contexto cuando se firma, en el año 2000, el Pacto Antiterrorista entre el PP y el PSOE que introduce en el Código Penal el delito de Enaltecimiento del terrorismo (el ahora famoso artículo 578), supuestamente para perseguir las manifestaciones de apoyo a ETA o que buscaran señalar objetivos para la organización. Lo cierto es que, desde el cese de la actividad armada de ETA en 2011, las sentencias por enaltecimiento del terrorismo se han multiplicado por cinco. El fin del terrorismo individual de ETA coincide en el tiempo con la eclosión de la crisis de régimen en el Estado Español; la maquinaria represiva heredada del franquismo y perfeccionada en la lucha contra el independentismo vasco se ha puesto a funcionar a pleno rendimiento para perseguir con cárcel y multas a los activistas y jóvenes de izquierdas en todo el Estado. Al mismo tiempo, los elementos fascistas que acosan y amenazan a compañeros en las redes sociales, gozan de impunidad o de castigos menores. Existe el delito de Enaltecimiento del terrorismo, pero no el de Enaltecimiento del franquismo o del fascismo.

La persecución del Enaltecimiento del terrorismo en internet sería cosa de risa, si no tuviera consecuencias tan serias. Brigadas de guardias civiles rastrean la red para denunciar mensajes independientemente del contexto o del impacto que hayan podido tener. La máxima expresión de esta persecución fueron las llamadas operaciones Araña, cuatro hasta ahora. La primera tuvo lugar en abril de 2014, a pocas semanas de las elecciones europeas, y la última, Araña IV, en abril de 2016, dos meses antes de las elecciones generales. Es difícil creer en casualidades mirando el calendario. Las operaciones contra tuiteros (“limpiar las redes de indeseables”, en palabras del ministro Fernández Díaz) fueron una manera de exhibir firmeza ante la base social del PP y de generar terror en la izquierda.

Antes y después del juicio, Cassandra Vera ha recibido el apoyo de Unidos Podemos y otras fuerzas de izquierdas, así como de profesionales de la comedia, el derecho, el periodismo y otros ámbitos. Hay que destacar el valor personal de esta mujer; en ningún momento ha manifestado arrepentimiento por los chistes de Carrero y en todo momento ha denunciado la hipocresía y la doble moral de la derecha. Esto le ha valido una campaña de acoso por parte del PP de Madrid. Que una persona tan joven, sometida a tanta presión y con una inhabilitación que la coloca en una situación de precariedad absoluta, reaccione con tanta entereza es digno de admiración y dice mucho y muy bueno de la juventud de este país.

La sentencia de Cassandra, así como la de Valtonyc y el resto de juicios de los últimos meses, vuelven a poner sobre la mesa la cuestión de la libertad de expresión. No es el propósito de este artículo entrar en un debate sobre los límites del humor. En este momento, lo sustantivo es lanzar una ofensiva clara por parte de la izquierda, con la conformación de una Plataforma por la Libertad de Expresión, de la que formen parte las organizaciones de la izquierda y los movimientos sociales, que defienda un programa que pase por la derogación del infame artículo 578 del Código Penal, por la disolución de la Audiencia Nacional y por la depuración de elementos reaccionarios del aparato del Estado, empezando por la judicatura.