Educación - Movimiento Estudiantil
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El inicio del curso escolar está marcado por la incertidumbre a consecuencia del rebrote de la epidemia de coronavirus y la negligencia de todas las administraciones del Estado, central y autonómicas, en planificar conjuntamente medidas de seguridad y de adaptación de espacios, protocolos y currículos, para alumnos y profesores.

En mayo, el ministerio había aprobado un protocolo para reiniciar las clases con 15-20 alumnos por aula. Pero eso implicaba desdoblar turnos, contratar a decenas de miles de nuevos profesores y habilitar nuevos espacios, ya fuera utilizando dependencias amplias de los institutos, edificios públicos municipales, regionales o del Estado, o habilitando espacios nuevos igual que se construyeron hospitales de campaña en tiempo récord.

Eso implicaba gastar miles de millones por interés social.

En lugar de eso, lo fiaron todo a que la epidemia disminuyera sin prever el rebrote, pese a que éste empezó a manifestarse claramente a comienzos de julio.  Dejaron pasar todo un verano sin hacer nada. Y sólo fue el 25 de agosto cuando el ministerio y las consejerías de educación improvisaron una reunión de urgencia para aprobar medidas de muy corto alcance. Ahora asumen que habrá clases con 30 alumnos y la única medida que sugieren es la mascarilla y que los alumnos de las diferentes clases no se mezclen entre sí. O mandar a sus casas 14 días a los alumnos de una clase si se detecta un infectado. Ni siquiera asumen que el Estado y las empresas paguen la baja a los padres que deban cuidar a sus hijos en casa si enferman o estuvieran en cuarentena.

El dinero para haber resuelto esta situación, o para haberla dejado en las mejores condiciones posibles, asegurando el ratio de 15 alumnos por aula y demás propuestas señaladas al principio, está ahí. En los fondos extras del Covid19, en la reducción o eliminación de partidas para la educación privada, el gasto militar y el pago de la deuda pública, y en impuestos especiales a las grandes empresas que deberían aplicarse por emergencia social.

CC OO calcula que se necesitan 70.000 profesores para atender a 20 alumnos por aula y las consejerías han previsto 30.000. Y que se requieren más de 4.500 millones de euros y 30.000 desdobles de clases para llegar a las cifras acordadas por el ministerio y autonomías. En cambio, sólo han aprobado 2.000 millones, que aún no se han entregado a las comunidades autónomas ni institutos, lo que hace que se improvisen medidas de seguridad ya iniciado el curso.

Las condiciones de la pandemia se hacen más duras en los barrios más desfavorecidos. Viviendas pequeñas con espacios de convivencia reducidos y desempleo masivo, unido a una degradación de los servicios públicos sanitarios y al desastre organizado desde las diferentes Consejerías de Educación, sobre todo donde gobierna la derecha, forman una combinación explosiva.

En zonas como Madrid y Andalucía, la negligencia de sus gobiernos de derecha parece diseñada a propósito para avanzar más rápido en la destrucción de todo lo público. Tratarán de usar la ayuda gratis recibida del Estado para incrementar las subvenciones a la educación privada. Díaz Ayuso en Madrid ha privatizado incluso el personal de rastreo del Covid-19 y los equipos encargados de hacer los test PCR, entregando cientos de millones a los empresarios.

Sólo la movilización más amplia posible de las familias trabajadoras, profesores y alumnos, la inmensa mayoría social, puede obligar a que se adopten las medidas necesarias.

Ahora tenemos convocatorias aisladas de huelga de profesores y movilizaciones de la Marea Verde por regiones contra esta situación, en diferentes días, y una huelga estudiantil de 3 días, del 16 al 18 de septiembre, cuando se debía haber organizado un plan de lucha estatal unificado de profesores, padres y alumnos golpeando junta toda la comunidad educativa, los mismos días y a la misma hora, por las mismas reivindicaciones.

Desde Lucha de Clases pedimos máxima participación y solidaridad en los diferentes planes de luchas, mientras que insistimos en la necesidad de una convocatoria urgente de una coordinadora estatal de sindicatos de profesores, FAMPAS, y asociaciones estudiantiles para unificar en el plazo más breve posible las reivindicaciones y un plan de lucha estatal unificado, para aunar los esfuerzos contra el enemigo común.

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