Movimiento Obrero
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El pasado domingo 29 de marzo se publicaba en el BOE el decreto por el cual se restringía algo más la actividad productiva. Desde el Gobierno hablan de “cese de toda actividad no esencial” con el objetivo de reducir la movilidad a niveles de fin de semana pero ¿realmente está la actividad productiva reducida al mínimo indispensable?

Si bien es cierto que el decreto del domingo es más restrictivo que el borrador publicado días antes, éste sigue siendo completamente insuficiente para los intereses colectivos. Muchas empresas no esenciales podrán seguir manteniendo la producción. Además la redacción ambigua del decreto permite que otras tantas puedan colarse a través de sectores amplios.

Es el caso del telemarketing, englobado dentro del sector telecomunicaciones. Todo el mundo, a excepción del gobierno y la patronal, tiene claro que es absolutamente prescindible que, en pleno confinamiento, miles de trabajadores vayan presencialmente a su centro de trabajo para que sigamos recibiendo llamadas de empresas ofreciéndonos la última oferta de sus productos. Los propios trabajadores han estado reclamando desde el primer día del Estado de alarma el cierre de los centros de trabajo del sector y denunciando la falta de medidas de seguridad. Esta falta de medidas ha provocado que en el sector se hayan disparado las bajas como consecuencia del coronavirus e incluso en el día de ayer conocíamos la muerte de una trabajadora del sector por este motivo. Aun así la patronal sigue en sus trece de mantener su actividad y sólo la lucha de los trabajadores es la que está consiguiendo que el sector se esté adaptando parcialmente al teletrabajo.

Por si fuera poco, en la última comparecencia del Gobierno en la que participaron Pablo Iglesias y Nadia Calviño, la ministra de economía y fiel representante del IBEX, anunció que las empresas exportadoras que “corran el peligro de perder mercado como consecuencia del cierre" podrían mantener la actividad. Con la situación actual, ¿qué empresa exportadora no corre ese peligro? ¿Qué impedirá a las empresas no exportadoras a reclamar su derecho a no perder mercado?

Se materializan así las presiones que la burguesía y sus representantes políticos (PP, Cs, Vox, PNV) llevan trasladando al Gobierno desde que se anunciaron las medidas de restricción de la actividad productiva. El PNV incluso llegó a anunciar la retirada de su apoyo para los próximos presupuestos. Al respecto debemos denunciar la postura hipócrita del PP, que hace una semana escasa pedía medidas más severas a través de sus presidentes autonómicos y solo unos días después, cuando la CEOE expresó sus quejas, cambiaron radicalmente su posición y comenzaron a oponerse a las nuevas reducciones de actividad.

La ministra de trabajo, Yolanda Díaz, afirmó en su anuncio de las medidas de estas últimas restricciones que el gobierno no iba a aceptar ningún tipo de presiones, algo que muestra las dos almas existentes en el seno del Consejo de Ministros. Sin embargo, si el Gobierno quiere demostrar que realmente defiende la salud por delante de los beneficios, debe rectificar y garantizar que se para la actividad no esencial de manera firme. Todo lo que no sea imprescindible para que funcione el sistema sanitario y la llegada de alimentos a las casas debe de ser parado de inmediato. Incluso en dentro del amplísimo sector de la alimentación ¿cuánta cantidad de productos para nada imprescindibles se mantienen produciendo?

También hay empresas industriales en la que sólo una parte de la producción es necesaria dentro de la cadena de suministro de actividades verdaderamente esenciales, pero eso no debe ser una excusa para mantener la producción al completo. En este sentido, es esencial el papel de los trabajadores y la creación de comités de emergencia que velen por la seguridad y decidan en asamblea si su actividad es esencial o no, y convoquen huelga para detener la producción en este último caso, si así lo estiman, apelando a la solidaridad de clase a nivel estatal, para obligar a los patrones a cerrar la actividad mientras dure la epidemia pagando el 100% del salario. Y en caso de que consideren que su actividad sí es esencial que ellos decidan si es necesario mantener el 100% de la actividad o sólo lo destinado a servicios esenciales.

Además estos comités, como ya hemos explicado en otro artículo, deben controlar y asegurar que se cumplen con las medidas de seguridad. Lo prioritario en estos momentos es garantizar la salud de los trabajadores y las trabajadoras, por lo que es completamente apremiante asegurar que en las empresas que mantienen su actividad proporcionan a la plantilla las medidas de protección y los protocolos de seguridad necesarios.

Rechazamos además la medida del gobierno de que los permisos retribuidos que los empresarios están obligados a dar a los trabajadores al parar la producción, tengan que ser devueltos una vez finalizado el Estado de Alarma. De ninguna manera podemos aceptar las explicaciones de la ministra de trabajo de “todos debemos ceder”. Los grandes empresarios han acumulado enormes beneficios en los últimos años gracias precisamente al trabajo duro de los trabajadores, en buena parte beneficiados de la pérdida de derechos de los trabajadores con la excusa de la crisis de 2008.

Si los administradores de las grandes empresas afirman no tener capacidad económica para pagar los salarios de un mes, estas empresas deben ser nacionalizadas por el Gobierno sin indemnización. Diferente es el caso de los autónomos y los pequeños empresarios que viven al día y que pueden tener más dificultades para pagar los costes salariales sin la obtención de ingresos. Para ello planteamos que el Estado sí podría asumir estos costes, si se aplica un impuesto especial a las grandes multinacionales.

Lo que también nos llama dolorosamente la atención es el silencio de las cúpulas sindicales, dejando en la absoluta indefensión a las decenas de miles de trabajadores y sus familias que están padeciendo esta situación, cuando deberían estar a la cabeza de estas reivindicaciones organizando la respuesta obrera a las medias tintas del gobierno y a los intereses patronales.

Estamos ante una crisis de magnitud todavía incalculable, sin duda la mayor crisis de la historia del capitalismo y se necesitan medidas contundentes. No podemos aceptar que los trabajadores volvamos a pagar otra crisis como la de 2008. Ni con salud, ni con nuestro salario ni con ninguna otra pérdida de derechos. Ya hemos pagado suficiente. Esta crisis está demostrando claramente que dentro del sistema capitalista no se pueden garantizar siquiera las necesidades básicas de todos los trabajadores. Ahora más que nunca necesitamos organizarnos y luchar por una alternativa socialista.

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