Las movilizaciones de agricultores exigiendo precios justos para sus productos han puesto a la orden del día la situación en la que se encuentra el campo español. Pero a la difícil situación que pasan miles de pequeños agricultores se suman las pésimas condiciones laborales que viven muchos jornaleros y que se han visto recrudecidas durante el estado de alarma.

Lucha de Clases ha entrevistado a dos médicas residentes del Hospital del Mar de Barcelona, donde nos cuentan su experiencia en estos dos meses de lucha extenuante contra la epidemia del COVID-19 y las condiciones en que lo han estado haciendo.

Desde Càrnies en lluita i COS Osona i Ripollès queremos denunciar el acoso laboral y la represión sindical que está sufriendo la compañera Nadia García Camacho, sindicalista del SAT (Sindicato Andaluz de Trabajadores) en el matadero Procavi de Marchena (Sevilla) por el simple hecho de ejercer sus funciones de defensa de la dignidad a los puestos de trabajo. Represión que es sufrida también por los trabajadores y trabajadoras organizadas con el SAT.

La epidemia de COVID-19 ha sumido al mundo de la cultura en una profunda crisis económica y laboral, sin el paraguas de ayudas económicas que están recibiendo los demás sectores. He aquí el testimonio de una trabajadora y artista de danza que vive la situación en primera línea.

Desde el día 4 de Mayo los trabajadores de Nissan en Montcada i Reixac, a los que ahora se han añadido los de Sant Andreu de la Barca, están en huelga indefinida contra la falta de claridad sobre el futuro de la planta. El comité de huelga explicó que la empresa quería aprovechar el confinamiento por la emergencia sanitaria de la COVID19 para cerrar la planta sin que los trabajadores pudieran movilizarse.

Casi 200 apoyos hemos recibido provisionalmente contra la represión patronal. Y la campaña continúa. En Procavi, una de las principales cárnicas del país, han despedido a 3 trabajadores afiliados al SAT y sancionado con un mes de empleo y sueldo a la delegada de prevención de riesgos laborales, también del SAT, por reclamar medidas de seguridad para minimizar el riesgo de contagio y un plus del 30% del salario base.