Análisis Político
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La Iglesia Católica es un pilar del Régimen, partícipe de las fuerzas oscuras de la reacción durante siglos. Acumula riquezas y privilegios sin rendir cuentas a nadie, como la monarquía, el Ejército y la oligarquía económica capitalista. Las agresiones sexuales  a menores y la apropiación fraudulenta de inmuebles son sólo la punta del iceberg de la basura que acumula la Iglesia y que debe ser barrida de una vez por todas.

Abusos y violaciones a menores

En las últimas semanas, ha vuelto a salir a la luz el oscuro asunto de los abusos a menores en la Iglesia, a raíz de un estudio realizado por el periódico El País. En éste, se llevan contabilizados por ahora 1300 víctimas en más de 600 casos de sacerdotes, religiosos y trabajadores seglares que llevan abusando y violando niños impunemente desde los años 50. Este dato es inmensamente menor al que se puede prever en base a estudios similares que se han hecho en otros países como Francia, Alemania, Australia… en los que el inicio de la propia investigación disparó los casos descubiertos a centenares de miles, incluso a millones en un periodo de tiempo similar.

Al calor de este estudio, Unidas Podemos, Bildu y ERC registraron en el Congreso la petición de una comisión de investigación y se ha levantado la polémica. Desde la Corriente Marxista internacional saludamos la iniciativa, pero también debemos advertir de los intríngulis que conlleva.

Era de esperar que PP y Vox directamente se posicionasen en contra de la investigación, según dicen, “porque habría que dejar el asunto en manos de los juzgados”, los cuales hay que recordar que están controlados por la derecha política. La Conferencia Episcopal Española (CEE), lógicamente también se ha mostrado en contra. En su caso, el principal argumento es que no habría que distinguir entre los casos de la Iglesia y el resto de casos. Pero esto es de un cinismo atroz. La Iglesia es una institución que se autoproclama el referente moral de la sociedad, cuando en su propio seno se han estado cometiendo estos abusos y violaciones, ocultados durante décadas y siglos, no sólo por sus propios miembros, sino también por la clase política que ha ostentado el poder en cada momento y no ha hecho nada por investigarlo siquiera. Es necesario señalar algo que todos los medios, tanto de derechas como de la izquierda reformista, están callando: la Iglesia, gracias al Concordato con la Santa Sede de 1979, controla buena parte de los colegios privados y concertados de este país, donde ocurrieron muchos de los casos de los que hablamos.

¿Qué comisión de investigación?

Con un parlamento con mayoría absoluta de izquierdas, la cuestión de si la derecha y la Iglesia colaboran carecen de importancia. El problema está, como siempre que se apunta a los pilares del régimen del 78, en el PSOE. De toda la llamada “mayoría de la investidura”, PSOE y PNV son los únicos partidos que han mostrado reticencias a la comisión de investigación en el Congreso, y han propuesto un “comité independiente” que acometa la investigación, para evitar el “espectáculo político”. Pero, evidentemente, el asunto tiene un fuerte trasfondo político. Un comité de expertos independientes implicaría que habría menos ojos supervisando la investigación y éstos estarían nombrados por los sectores más conservadores, incluyendo a la propia Iglesia. Tan importante como el si se investiga o no, es el cómo se investiga. Por ahora, las víctimas encontradas por El País han sido personas que voluntariamente y por su propia iniciativa han escrito a un correo que puso el periódico para tal fin. Obviamente, el salto cualitativo de la investigación sería inmenso si el Estado dedicase todos los recursos necesarios, coordinando la investigación entre todas las diócesis, etc. De hecho, el método del comité independiente fue el método utilizado en Francia, donde se encontraron cientos de miles de víctimas, pero el propio comité admitió que estimaban que podrían encontrarse hasta cinco millones y medio de víctimas. Las asociaciones de víctimas como Infancia Robada han declarado que PSOE y PNV deben colaborar para esclarecer todos los casos posibles.

Por su parte, UP se ha metido en el enésimo berenjenal en el que sabe que PSOE no profundizará lo más mínimo y del que, por tanto, UP acaba siendo cómplice suyo. Las declaraciones del presidente del grupo confederal de UP en el Congreso, Jaume Asens, lo dejan claro: “Esto no pretende ser un juicio a la Iglesia”. ¿Qué otra cosa es entonces? Asens también asegura que sólo se trata de buscar la reparación de las víctimas y de evitar que vuelva a pasar. Pero para que no vuelva a pasar no basta con desearlo, hay que actuar. Por supuesto que las víctimas deberían recibir apoyo económico y asistencia psicológica. Pero también hay que poner medidas cautelares contra todos los pederastas que se encuentren, aunque los casos hayan prescrito por la desastrosa legislación que ha habido siempre en este asunto en el Estado español. Debemos separar totalmente a la Iglesia del sector educativo, eliminando todos los conciertos educativos.

La tutela de menores de la Iglesia en centros educativos y otros es un peligro social. La Iglesia ha demostrado ser una corporación para los abusos y violaciones sistemáticas de niños y el refugio para todo tipo de depravados que se sienten, y son de hecho, impunes en sus acciones. Para solucionar este tema de raíz, todos los casos deben ser llevados a juicio y los culpables condenados. Y es la Iglesia, y no el Estado, quien debe responder con las indemnizaciones a las víctimas que correspondan.

Inmatriculaciones

Otro asunto que trae a la Conferencia Episcopal por la “calle de la amargura”, es la investigación sobre los inmuebles matriculados por la Iglesia.

La ley hipotecaria de 1946, ampliada por Aznar en 1998, confiere a los representantes de la Iglesia poderes similares a los de la Administración a la hora de registrar inmuebles. Con esta fórmula, la Iglesia llegó a registrar, hasta 2015, algo más de 34.000 propiedades en todo el Estado. En muchos pueblos donde la ermita, la casa del cura, la parroquia o incluso huertos, cementerios, plazas de garaje, pisos o terrenos de labor estaban sin escriturar, la Iglesia se los ha quedado pagando cantidades ridículas (cercanas a los 30€) por la inmatriculación y sin pagar, además, el impuesto de bienes inmuebles (IBI) del que están exentas todas las propiedades de la Iglesia en virtud del Concordato con la Santa Sede de 1979.

Según la Iglesia, de todos estos inmuebles, unos 20.000 están dedicados al uso del culto religioso y los 14.000 restantes a otros usos. Sin embargo, en la negociación que se está llevando a cabo entre el Gobierno de Pedro Sánchez y el presidente de la CEE, la cifra de propiedades que la Iglesia devolverá ha bajado a poco más de 900. El Gobierno está negociando también que aquellas propiedades de las que la Iglesia conserve su propiedad, pero no se dediquen al culto religioso, comiencen a pagar IBI. Seguirían quedando exentas de este impuesto las 20.000 propiedades restantes, entre las cuales, se encuentra, por ejemplo, el simbólico caso de la Mezquita de Córdoba, caso al que ya dedicamos un artículo en Lucha de Clases.

Desde la basílica de San Pedro a la ermita más pequeña de la Alpujarra, todos los monumentos y lugares de culto son fruto del trabajo humano, de miles de personas, desde los arquitectos a los albañiles. Una burocracia espiritual no tiene derecho a apropiarse de eso fraudulentamente.

Muchos de los edificios que no van a entrar en el acuerdo porque la Iglesia dice necesitarlos para ofrecer ceremonias de culto religioso a la población española, realmente permanecen cerrados desde hace décadas u ofrecen ceremonias de culto para una cantidad ridícula de personas. Quien más quien menos, ha podido comprobar que cada vez menos gente va a misa, incluso si hablamos con cualquier persona creyente, entre las cuales la Iglesia ha caído en descrédito por su descarado interés económico.

Todos esos edificios podrían ser rehabilitados con un nuevo uso que sirva a toda la población, como ya se hace en muchos sitios. Por ejemplo, en Holanda, muchas iglesias fueron rehabilitadas como bibliotecas, pubs, museos, etc.

Qué defendemos

En España aún tenemos pendiente esta tarea, como primer paso para desmontar todos los privilegios de los que disfrutan un puñado de personas dentro de una institución anquilosada como es la Iglesia. Para ello podríamos empezar por la aplicación de estas medidas:

-Derogación del Concordato de 1979 y de su ampliación de 1992. Ningún privilegio para ninguna confesión religiosa.

-Revocación de todas las inmatriculaciones desde 1946.

-Nacionalización de todas las propiedades de la Iglesia catalogadas como Bienes de Interés Cultural y las que necesiten dinero público para su conservación.

-Fin de la exención del pago de IBI del resto de propiedades de la Iglesia Católica y de las demás confesiones.

-Eliminación de los conciertos educativos en pro de una educación laica 100% pública.

 

Imagen de portada: diario16.com

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