Análisis Político
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No es casualidad que, en otros países y capitales de occidente, como Alemania, Francia, Suiza o EEUU, ya hayan introducido algunas medidas de control de los precios de alquiler mientras que en el Estado español surjan tantas reticencias en el seno de un Gobierno comandado por el PSOE

La fuerte presencia de la burguesía del sector inmobiliario y la construcción en nuestra economía, que hizo crecer y estallar el boom del ladrillo 1998-2008, y las mil y una tramas de corrupción, explican la singularidad del Estado español en materia de vivienda.

La cuestión de la vivienda ha sido siempre uno de los principales escenarios de batalla entre PSOE y Unidas Podemos. Y es que el Estado español, siendo uno de los países con más viviendas respecto a la población del país (25 millones de viviendas para 46 millones de habitantes) y con 3,5 millones de viviendas vacías, es uno de los países de la UE con menor posibilidad de acceso a la vivienda, tanto a través de la compra como del alquiler. En los últimos meses las discrepancias se han agravado hasta el punto de convertirse en uno de los puntos centrales en la campaña de las elecciones del 4 de mayo en la Comunidad de Madrid. Pues tanto UP como PSOE ya han realizado actos de precampaña centrados en las políticas de vivienda, a los que han trasladado las diferencias en el consejo de ministros. Ya desde la moción de censura a Mariano Rajoy, junio de 2018, comenzaron las conversaciones entre las dos formaciones, que tuvieron su primer choque en la negociación de los presupuestos de 2019. Bien entrado ese mismo año, PSOE y UP sólo fueron capaces de aprobar un triste decreto para aumentar la duración de los contratos de alquiler. Una medida que dos años después constatamos que no ha revertido el problema de los precios. En este 2021, dos procesos electorales y un acuerdo de Gobierno de coalición después, aún existen diferencias entre ambos partidos. En este mes de marzo se ha aplazado la aprobación del proyecto de ley de alquiler en el consejo de ministros por tercera vez. Se iba a hacer en enero, después en febrero y ahora ambas partes coinciden en que posiblemente no se apruebe hasta después de las elecciones madrileñas.

Breve recorrido histórico

El ya mencionado boom del ladrillo en el Estado español tuvo como factor clave para su origen la ley de suelo de 1998, del Gobierno de Aznar (PP). Esta ley levantó las restricciones para construir prácticamente en cualquier zona del país, llegando a darse ejemplos de municipios enteros promovidos desde cero a capricho del especulador de turno, como fue el caso de Seseña (Toledo). Esta ley fue la culminación de un modelo que ya empezó con la primera ley de suelo de 1956, del régimen franquista, la cual ya sentó las bases para pasar de un modelo de alquiler (el 60% de la población vivía de alquiler en aquel momento) a un modelo en el que las familias se endeudasen y los grandes promotores y los bancos hiciesen el negocio del siglo. Hay que decir que entre medias tuvimos catorce años de Gobierno de Felipe González (PSOE) que no revirtió esta deriva. En la década 2000-2010, el Estado español construyó más viviendas que Alemania, Italia, Francia y Reino Unido juntas. El modelo urbanístico estaba prácticamente ausente. Las ciudades crecieron vertiginosamente en muy pocos años, con espacios públicos mal dotados y viviendas estandarizadas de mala calidad que solo respondían a un criterio de lucro de sus empresarios promotores. Y como todos sabemos, la crisis económica global de 2008 hizo estallar también en el Estado español el boom económico basado en la especulación del sector inmobiliario. A esto debemos añadir que los bancos dieron millones de hipotecas basura que, tras el declive económico y los despidos masivos, imposibilitaron que la clase trabajadora pudiera pagar dichas hipotecas. Fue el gobierno de Zapatero (PSOE), el que aprobó la Ley de Enjuiciamiento Civil (popularmente conocida como ley de desahucio exprés) que, en lugar de prohibir los desahucios por impago de hipotecas, los agilizó. La propiedad de cientos de miles de viviendas pasó en pocos años a manos de bancos, que a su vez las vendieron por paquetes de miles a fondos de inversión o SOCIMIs (sociedades anónimas cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario), lo que popularmente conocemos como fondos buitre. Estos compraron las viviendas a precio de ganga para luego volver a especular con ellas. Otra parte importante acabó en el SAREB, el famoso “banco malo” que se creó para absorber los activos tóxicos; es decir, las hipotecas impagadas de los bancos y cajas de ahorro, que finalmente ha terminado por asumir el Estado (35.000 millones de euros).

Las consecuencias para la clase trabajadora

Con el pequeño repunte económico 2015-2019 y el aumento de la demanda de vivienda, estas entidades pusieron sus viviendas en alquiler, pero a un precio muy superior al precio de mercado en cada zona. Esto tuvo un efecto arrastre de los precios y provocó una nueva burbuja inmobiliaria, esta vez en los alquileres. En los últimos 5 años, en el Estado español han aumentado un 50% los precios del alquiler. En determinados barrios de Madrid y Barcelona han aumentado hasta un 60 y un 70%.

Si a esto le añadimos la enorme precarización de la clase trabajadora que el capital ha impulsado como receta para solucionar la crisis de 2008, especialmente sufrida por la juventud, la combinación da como resultado que, de los 7,3 millones de personas que viven en régimen de alquiler en el Estado español, 3 millones dedican más del 30% de sus ingresos al pago del mismo. Y de esos, 1,5 millones dedica más del 50%. La media en la UE se sitúa en el 28% de los ingresos dedicados a este mismo fin.

No son extraños los vínculos entre la patronal y las cúpulas de PP y PSOE, que sostienen esta situación y, en definitiva, el régimen del 78. Los papeles de Bárcenas detallan con nombres y apellidos cómo las principales empresas constructoras (Sacyr, ACS, Ferrovial, OHL…) compraron a los políticos para garantizarse que el Estado protegiera sus intereses en detrimento de los de los trabajadores. El PSOE tampoco se molesta en disimular estos vínculos. Por ejemplo, el exministro de Zapatero, Joan Clos, fue elegido el pasado año presidente de la patronal inmobiliaria.

Mientras se suceden estas alianzas oligárquicas entre políticos y empresarios, las consecuencias para la clase trabajadora son la pura barbarie. Se originan barrios infrahumanos de chabolismo o infravivienda, se han puesto en práctica centenares de miles de desahucios, se dan situaciones en las que dos familias tienen que compartir piso, muchas mujeres víctima de violencia machista se ven obligadas a convivir con sus maltratadores, los jóvenes no pueden emanciparse del hogar de los padres, etc.

La actual disputa entre PSOE y UP

El proyecto de ley de vivienda del ministro Ábalos no contempla la limitación de los precios de alquiler. Iglesias le reprocha no cumplir el acuerdo de Gobierno que firmaron PSOE y UP. Desde el PSOE consideran que el acuerdo se puede cumplir incentivando un aumento de la oferta de viviendas mediante exenciones fiscales (bajando el IRPF resultante de los ingresos por rentas de alquiler) y penalizando fiscalmente a las viviendas vacías en buen estado. Al mismo tiempo, habla de regulaciones temporales y por zonas. Es decir, estas medidas sólo se aplicarían en las llamadas “zonas tensionadas”, que son aquellas donde los precios han experimentado una mayor subida y es más difícil acceder a la vivienda. Serían comunidades autónomas y ayuntamientos los encargados de declarar las zonas tensionadas.

Sin embargo, el acuerdo de Gobierno dice textualmente que las medidas irían encaminadas hacia “poner techo” a los precios abusivos de alquiler. Es evidente que la situación requiere de una actuación inmediata por parte del Gobierno, y nada de “dejar que el mercado auto-regule los precios”. Ya hemos tenido años atrás la prueba de que la anarquía capitalista nunca se “auto-regula” en beneficio de los trabajadores. Hemos tenido en el Estado español un aumento de oferta y de precios al mismo tiempo. La subida de precios no obedece a la ley de oferta y demanda, sino a una imposición de los fondos buitre, que sacan una mayor tajada gracias a que la vivienda es un bien de primera necesidad y a los inquilinos no les queda más remedio que pagarlo, en detrimento de otros bienes secundarios que ya no pueden consumir. Por otro lado, la declaración de zonas tensionadas es otra medida dirigida a proteger los intereses de los grandes propietarios de viviendas en aquellas zonas que no se declaren tensionadas. La intervención debería darse en todo el Estado.

Otro de los aspectos a discutir es el llamado parque de viviendas públicas, muy raquítico tras la reforma del PP de 2013 en la que se privatizaron viviendas públicas, se redujo el plazo de los contratos y se recortaron ayudas a inquilinos. Al hablar de “parque de viviendas…” hay que poner atención, porque no es lo mismo un parque de viviendas públicas que un parque de viviendas accesibles, como propone el ministro Ábalos, de 100.000 viviendas. Según Ábalos, 44.000 irían a cargo del Estado, 15.000 procederían del SAREB, 11.000 serían viviendas en manos de las entidades financieras y 30.000 de grandes propietarios. La patronal ha salido al paso de esta noticia pidiendo algo a cambio, para ceder esas viviendas e incluirlas en el parque de vivienda accesible. La diferencia de vivienda “accesible” con respecto a la vivienda pública radica básicamente en que la titularidad de la vivienda seguiría siendo de los grandes propietarios, lo cual no da garantías de mantener la protección de los inquilinos en el largo plazo. Por otro lado, el precio de la vivienda accesible tampoco es el mismo que en lo que habitualmente llamamos vivienda social, sino que sería un precio mayor. En resumidas cuentas, es otra concesión a la patronal y a los grandes propietarios. UP, por su parte, propone “poner a disposición del Estado el 30% de las viviendas de los grandes propietarios” (con más de diez viviendas, aunque quieren bajar esta cantidad a cinco). Lo que cabe preguntar ante esta medida es ¿por qué sólo el 30%? ¿Por qué no ser más concretos y hablar de expropiar todas esas viviendas para que puedan ser utilizadas por la clase trabajadora con totales garantías? Si Iglesias quiere darle la vuelta a lo que dicen las encuestas para las elecciones madrileñas del día 4 de mayo y adelantar a Gabilondo, el candidato del PSOE, no puede titubear proponiendo medidas que van poco más allá de lo que propone el PSOE. La clase trabajadora no necesita oír a sus dirigentes políticos que pidan a los fondos buitre y a los bancos que “se corresponsabilicen” en esta situación, porque ya sabemos que eso es sencillamente imposible. Tampoco agitar el artículo 47 de la Constitución sirve de mucho. Los trabajadores no podemos dejarnos engañar. Pues la Constitución contiene otra serie de artículos que contradicen a los llamados “artículos sociales” y que, por ejemplo, establecen el respeto a la propiedad privada en el Estado español o dan el poder de repartir esa propiedad privada (y todo el poder que la protege) a unas personas muy concretas. Es como si en las normas de un corral se dice que ninguna gallina debe ser comida, pero un renglón más abajo pone que el zorro será quien guarde las llaves del corral y puede hacer con él lo que quiera. Y, otro renglón más abajo, pone que el juez que elige el artículo a aplicar es otro zorro.

La ley de vivienda que necesitamos los trabajadores

Desde luego, en un sistema socialista, todo este sinsentido no podría tener lugar. Lo primero de lo que tenemos que darnos cuenta es de que todo el suelo existente debería ser de toda la sociedad. Por tanto, la manera de construir las ciudades o de expandirlas no deberían decidirla cuatro o cinco personas encerradas en un despacho del que entran y salen maletines con dinero. La decisión sobre qué tipo de ciudades queremos debe ser tomada en asambleas en los diferentes barrios de cada ciudad. El tipo de viviendas que se construirán en esos barrios también debe ser decidido mediante democracia participativa. Las viviendas construidas durante el boom del ladrillo solían acogerse a los criterios mínimos establecidos por la ley para ahorrar costes (por ejemplo, dormitorios de 7 metros cuadrados). En un sistema socialista, las viviendas deberían diseñarse en un diálogo constante entre arquitectos y futuros usuarios. No tiene sentido construir un bloque de pisos y después buscar quien quiera vivir en él, sino que las viviendas deben diseñarse en función de las necesidades de los futuros usuarios.

Con respecto a la situación de emergencia social que atravesamos en el Estado español en materia de vivienda, la única solución de raíz pasa por la expropiación sin indemnización de todas las viviendas de los grandes propietarios. Deberían ser los ayuntamientos los que organizasen, en diálogo con las asociaciones vecinales, la distribución de estas viviendas, dando prioridad a mujeres víctimas de violencia machista, jóvenes que quieran independizarse, familias que vivan en pisos que no cubran sus necesidades por cantidad de miembros o por las cualidades de la vivienda, etc. Aquellas que estén obsoletas o no cumplan la ITE (inspección técnica de edificios), deberían ser rehabilitadas y puestas en funcionamiento. Sólo así podríamos empezar a tener un verdadero parque de viviendas públicas y de calidad. Nuestra alternativa pasa porque una hipoteca o un alquiler no suponga más del 10% de los ingresos familiares.

Por último, el Estado debería tener la capacidad técnica para iniciar un plan estatal de construcción de viviendas sociales hasta completar la demanda, para ello deberían nacionalizarse sin indemnización las grandes constructoras, bajo el control de sus trabajadores y así se abarataría la vivienda al coste exacto de su construcción eliminando los precios abusivos que llenan los bolsillos de los Florentino Pérez, Villar Mir, Entrecanales, y compañía; además de eliminar de paso la principal fuente de corrupción en el Estado español como es la mafia urbanística.

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