Análisis Político
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Los expertos sanitarios señalaron en otoño que en el mes de enero tendríamos la llegada de la tercera ola y que ésta sería con toda probabilidad más intensa que las anteriores. A pesar de ello, los diferentes gobiernos, tanto en central como los autonómicos, tuvieron el objetivo claro de salvar las ventas de la campaña de navidad.

Para ello, se optó por relajar las ya de por sí escasas restricciones en cuanto a cierres perimetrales y limitaciones de horarios en la hostelería y el comercio, animando de este modo a la población al consumo y a la celebración de las fiestas.

Ahora nos toca pagar el precio. 40.285 casos nuevos de COVID-19 a día 27 de enero al que le preceden dos semanas en el que el número de nuevos casos diarios no baja de 30.000 y una incidencia acumulada de 899,93 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días.

Con los peores datos de contagio desde el inicio de la pandemia, la sombra del confinamiento domiciliario ronda en la cabeza de mucha gente, que ve con preocupación cómo el virus campa a sus anchas cada día en los metros, autobuses y trenes llenos de personas, que se desplazan a sus centros de trabajo, pero a la vez temen que las consecuencias del cierre de la actividad pueda dejarlos sin empleo.

Desde el Ministerio de Sanidad no se contempla el confinamiento domiciliario ni el cierre de la actividad no esencial. La única modificación del decreto de Estado de Alarma que se baraja sería introducir la posibilidad de que las Comunidades Autónomas que lo deseen puedan establecer el toque de queda a las 20:00h, una medida que ha sido solicitada por Andalucía, Asturias, Castilla y León y Murcia, pero que no está claro que pueda llegar a producirse.

No obstante, el hecho de tener un toque de queda a las 20:00 horas es una medida del todo ineficaz. Si se quiere reducir el número de contagios no queda más opción que cerrar la actividad no esencial, para reducir la movilidad y el contacto social, lo cual entra dentro de las competencias de las comunidades. Sin embargo, en la mayoría de ellas las medidas adoptadas no van más allá de la limitación de aforos y horarios. Tenemos el caso paradigmático de la hipocresía de la derecha que gobierna en Andalucía, donde a la vez que piden al gobierno central la reducción del toque de queda permiten la movilidad entre provincias para ir a esquiar. ¿De qué sirve poner un toque de queda a las 20:00 horas si hasta esa hora se puede hacer vida normal?

Aunque tengamos que denunciar la hipocresía y la demagogia de la derecha, que exige medidas al gobierno central, mientras que no son consecuentes con las medidas que ellos mismos toman, no podemos obviar ante el inmovilismo del Ministerio de Sanidad.

Algunos alcaldes y presidentes autonómicos hacen un llamamiento al autoconfinamiento y a salir solo para lo imprescindible. El problema es que la mayoría de la sociedad está obligada a desplazarse cada día a su puesto de trabajo, agrupándose masivamente en el transporte público y compartiendo espacios durante horas con decenas y cientos de compañeros y compañeras. Pero nadie se decide a tomar esa decisión.

El sistema sanitario entre las cuerdas

La llegada de la tercera ola del Coronavirus, vuelve a poner en evidencia las debilidades de un sistema sanitario mermado por los recortes y las privatizaciones de los últimos años. Los ingresos por Covid-19 suponen ya el 24,03 % del total de la capacidad asistencial hospitalaria y la ocupación media de las UCI es del 41,9%; lo cual ya está provocando la suspensión de actividades programadas, como operaciones no urgentes, y la desatención de otras patologías. Una situación límite para el personal sanitario, que lleva haciendo un sobre esfuerzo desde hace casi un año y que ve con frustración como el 16% de las pruebas diagnósticas que se realizan en España, de media, son positivas sin que lleguen todos los refuerzos de personal necesario.

Algunas comunidades ya están teniendo que recurrir a los recursos de la sanidad privada. Es cierto que necesitamos que el personal sanitario y los recursos materiales de la sanidad privada estén al servicio de las necesidades de la población, pero en ningún caso debe servir para incrementar el negocio de estas empresas, cómo está haciendo el gobierno del PP y Ciudadanos en Madrid, donde la privada se lleva un 50% del presupuesto total en sanidad, pagando 875,59 euros al día por cada paciente en planta y 2.486,22 euros al día para cada paciente en UCI. Un precio muy por encima de lo que las propias empresas pedían en el mes de marzo de 2020. En la situación de pandemia que tenemos, es totalmente necesario la nacionalización de las empresas privadas de la sanidad, sin indemnización, salvo a pequeños accionistas, y se proceda a su integración en el sistema público sanitario.

A todo esto se le suma que la euforia por la llegada de la vacuna se está desplomando radicalmente tras evidenciarse el perjuicio que supone dejar en manos de empresas privadas, cuyo único objetivo es la maximización de los beneficios, la producción de la vacuna y los fármacos contra el virus.

A pesar de aquellos que se vanagloriaban de que la distribución en el Estado Español fuera gratuita y equitativa entre comunidades, ahora se indignan ante las desigualdades en la distribución a nivel internacional, ya que las empresas farmacéuticas han priorizado la entrega a países que pagan mayor precio por ellas, ¿pero no eran gratis?.

La ralentización del suministro de vacunas ha abierto una pugna entre las farmacéuticas y la Unión Europea, que pone en claro la necesidad de expropiar y nacionalizar estas corporaciones y garantizar que la vacuna llegue a toda la población, anulando los derechos de propiedad de las vacunas para que puedan fabricarse a bajo coste en todos los países. Tan necesario es esto, que hasta la propia UE capitalista amenaza con prohibir que exporte la producción de vacunas fuera de Europa, ¡una medida propia, supuestamente, de un gobierno social-comunista!

Pero no sólo se están incumpliendo los plazos comprometidos, dejando en el aire el plan de vacunación, al no contar con las vacunas suficientes. En los últimos días también hemos tenido que ver cómo el Consejero de Sanidad de la Junta de Andalucía explicaba que se estaba desperdiciando un 20% de la dosis de la vacuna de Pfizer por no contar con la jeringuilla adecuada. En junio se avisó a las comunidades autónomas pero pese a ello, al menos en Andalucía, Madrid y en menor medida en Cataluña no se están aprovechando todo lo posible.

A esto se le suma el despropósito de ver cada día cómo aumenta la lista de políticos y altos cargos de la administración, del ejército y de la Iglesia Católica vacunados antes de lo establecido en los protocolos. La lista de corruptos que se saltan el orden de vacunación es larga e incluye hasta los obispos de Mallorca y Tenerife. Destacan los 450 altos cargos de la Consejería de Sanidad de la Región de Murcia, el caso del JEMAD y los otros 300 militares o el cambio del protocolo de vacunación en Extremadura, abriendo la puerta de la vacunación a los altos cargos de la Junta.

¡Nuestras vidas importan más que sus beneficios!

Estamos en una situación extrema de la que no se espera que ningún gobierno nos vaya a sacar. Los representantes públicos de Unidas Podemos reclaman en cada comunidad autónoma la puesta en marcha de medidas contundentes para frenar los contagios a la vez que callan ante la pasividad del gobierno central.

Mientras tanto, millones de trabajadores y de trabajadoras se exponen cada día al virus para acudir a sus puestos de trabajo y generar los beneficios que los empresarios guardan en sus bolsillos. Sin embargo, ninguna de las dos grandes centrales sindicales tienen ni siquiera en mente la convocatoria de movilizaciones o una huelga general que obligue al gobierno a suspender toda actividad no esencial para salvaguardar la salud de la clase trabajadora.

No hay solución para salvar a la clase obrera dentro del Capitalismo. Necesitamos medidas drásticas para frenar los contagios pero los beneficios empresariales están antes que nosotros. Es urgente poner todo el sistema económico y de salud al servicio de las familias trabajadoras, para poder salvar nuestras vidas sin miedo a perder nuestros medios de subsistencia:

  • Revertir todos los recortes en la sanidad practicados desde 2008 en adelante. Volver y superar los números históricos de trabajadores sanitarios, camas hospitalarias y gasto público destinado.

  • Pruebas PCR masivas de al menos 2 miembros por unidad familiar, y mascarillas gratis para toda la población.

  • Plan para la contratación inmediata del personal sanitario suficiente con contratos fijos permanentes en las mismas condiciones que los trabajadores fijos del sistema nacional de salud.

  • Contratación de rastreadores necesarios para la detección precoz de positivos en Covid-19 sin recurrir a empresas privadas

  • Nacionalización de privadas de la sanidad y de sus clínicas sin indemnización, salvo a pequeños accionistas, e integración en el sistema público sanitario manteniendo el 100% del empleo existente.

  • Nacionalización sin indemnización, salvo a pequeños accionistas, de las empresas clave de la salud (laboratorios, fabricantes de mascarillas, guantes y gel desinfectante; fábricas de equipos médicos y clínicos, etc.) para que la producción de material sanitario esté bajo el control del Estado, supervisado por los trabajadores de dichas empresas.

  • Suspensión de toda actividad económica no esencial con el pago del 100% del salario a los trabajadores. No aceptamos que computen las jornadas no trabajadas por bajas por enfermedad ni por vacaciones.

  • Control obrero en las empresas que mantengan su actividad para supervisar las condiciones higiénicas y de salud, a través de los comités de empresa y de los comités de seguridad e higiene.

  • Prohibición de los despidos. No a los ERES. Reparto del trabajo entre los brazos existentes. Si la empresa cierra o despide trabajadores argumentando quebranto financiero que sea nacionalizada sin indemnización, salvo a pequeños accionistas sin recursos bajo el control de sus trabajadores, e integrada en un plan estatal de producción.

  • En caso de suspensión temporal del trabajo (ERTES), que los empresarios se hagan cargo del 100% de los seguros sociales y del salario, en base a los beneficios acumulados en años anteriores. Si una pequeña empresa no puede hacer frente a todos estos gastos, que se cubran con un impuesto especial a las grandes empresas.

  • Que las empresas paguen el 100% del salario a los trabajadores que necesiten cuidar a sus hijos, y carezcan de recursos, cuando éstos tengan que guardar cuarentena, independientemente del resultado de su prueba diagnóstica.

  • Impuesto especial del 10% de sus ingresos a los grandes bancos y a las 100 grandes empresas que cotizan en la Bolsa de Madrid para financiar las medidas extraordinarias para hacer frente a la actual epidemia. Control obrero en dichas empresas para evitar contabilidad falsa y evasión de capitales.

  • Que se abran los libros de cuenta de las empresas para que los trabajadores puedan verificar la situación financiera de las empresas que argumenten problemas financieros para aplicar todas estas medidas.

  • No al pago de la Deuda Pública.

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