Análisis Político
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Uno de los aspectos centrales de la investidura de Pedro Sánchez fue el acuerdo al que llegaron PSOE y ERC para encauzar el conflicto catalán y avanzar en su resolución. La derecha ha organizado un tremendo alboroto sobre esto. Pero si se analiza en detalle, este acuerdo no compromete a nada en concreto. Simplemente califica de “político” el conflicto, lo cual es una obviedad y sirve como una concesión al independentismo, y establece la creación de una “mesa de diálogo” entre los gobiernos español y catalán, para acordar una serie de conclusiones y propuestas que serán sometidas a consulta entre la población catalana.

Está claro que si hay un “conflicto político” en Catalunya respecto a su relación con el resto del Estado, debe ser la población catalana quien decida sobre ello por una consideración democrática elemental. En realidad, es ERC la que más arriesga, ya que un diálogo entre dos implica acuerdos por consenso y está descartado que Sánchez acepte cualquier insinuación de referéndum de autodeterminación, incluso aunque solo sea bajo el paraguas de una “consulta”.

Rufián, pese a los pasajes más ásperos de su discurso contra Sánchez en el debate de la investidura, quiso tranquilizar al Estado al renunciar expresamente a la llamada “unilateralidad” diciendo que la independencia de Catalunya no puede imponerse con un 50% de apoyo y que rechaza cualquier idea de “violencia” para conseguirla. Sí fue más explícito al reclamar la amnistía para los presos del “Procés”, y esto sin duda será una parte destacada de la negociación en dicha “mesa de diálogo”.

Los zarpullidos que ha provocado en la clase dominante española el pacto PSOE-ERC no se debe, por tanto, a lo que vaya a resultar de la “mesa de negociación”. Es evidente que ERC necesita un “caramelito” que ofrecer a sus bases, diseñar una vuelta ordenada a la normalidad con algo que se asemeje a una concesión del gobierno central: amnistía a los presos políticos, más autogobierno y financiación, reconocer el carácter de Catalunya como “nación”, que el pueblo catalán “vote” estas concesiones, etc. Estas concesiones no serían anatema para la burguesía española, pero “las formas” sí le importan. Porque una cosa es que estas concesiones aparezcan ante el público como “dádivas” de Madrid a sus súbditos de Barcelona; y otra muy diferente es que los “apestados” y “sediciosos” independentistas aparezcan ante el público como “garantes” de un gobierno progresista y que, además, le “arrancan” concesiones. No pueden aceptarlo de quienes han desafiado y humillado al Estado y su autoridad, y  tratado de seccionar una parte del país, a través de un movimiento de millones de personas, encendiendo su imaginación con la idea de la República.

Esto es intolerable para la burguesía. Ella sabe que una fuente principal de su poder sobre las masas es la mistificación que produce el Estado sobre ellas, el respeto a las leyes, a la autoridad y a las fuerzas represivas. Si las masas trabajadoras pierden el miedo a eso, todo estará perdido para la clase dominante. Por eso se muestran inflexibles con este acuerdo. Para ella, debe quedar claro que “los malos” perdieron y fueron “castigados”. Aunque para ello pisotearan su propia legalidad para meter en la cárcel a los acusados y condenarlos por una inexistente “sedición”.

Nosotros estamos a favor de la amnistía, pero creemos que la manera más efectiva de presionar y crear el clima adecuado para hacerla efectiva es con la movilización social más amplia posible, tanto en Catalunya como en el resto del Estado. Ante la pérdida de autoridad de la justicia española por los reveses sufridos en Europa, y ante la mayor simpatía fuera de Catalunya hacia esta demanda ahora, al identificar la base electoral de la izquierda española a ERC como un “aliado” en la investidura del nuevo gobierno, esta campaña podría alcanzar una base de masas estimable en todo el Estado para forzar a Sánchez a decretar dicha amnistía.

Por lo demás, no depositamos grandes esperanzas en las conclusiones de esta “mesa de diálogo” en lo referente al punto central: el derecho de autodeterminación que, como la lucha por una república democrática, son tareas revolucionarias que están vinculadas en ambos lados del río Ebro al derrocamiento del régimen monárquico español.