Análisis Político
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La semana pasada se filtraron a la prensa grabaciones explosivas de Corinna Sayn-Wittgenstein, una empresaria alemana ex-amante del antiguo rey Juan Carlos. En ellas, detalla cómo Juan Carlos la utilizó como testaferro para ocultar patrimonio en el extranjero y para crear una estructura de blanqueo. También desveló que Juan Carlos cobró varias decenas de millones de euros de comisión por hacer de enlace para el contrato del AVE de Medina a La Meca, en Arabia Saudí, con la empresa OHL del exministro franquista Villar-Mir. Además, Corinna afirma que ha sido amenazada para que se mantenga en silencio. Este nuevo escándalo debe incorporarse al extenso currículum de supuestos delitos practicados por Juan Carlos que, como antiguo rey, caracteriza perfectamente la degeneración putrefacta de la clase dominante española- las cloacas del Estado son extensas y profundas.

El Gobierno del PSOE mira para otro lado

Inicialmente, el Gobierno del PSOE quedó paralizado ante tales revelaciones, prefiriendo ignorarlas con la esperanza de que pasaran pronto al olvido- o a la larga lista de escándalos que salpican a la clase dominante. Hace tan solo unos días decían: “esto son cosas del pasado que no afectan a Felipe VI”. Sin embargo, las ondas expansivas continúan azotando, sobre todo en el contexto inestable en el que nos encontramos. Así es como finalmente el Gobierno ordenó al director del CNI, el general Sanz Roldán, comparecer a puerta cerrada ante la comisión de secretos oficiales, una propuesta para salvar los muebles sin hacer realmente nada: las comparecencias en tal comisión no pueden transcender ¡y los parlamentarios que asisten están obligados a no desvelar su contenido!

Ante esta crisis que afecta nuevamente a la monarquía, se ha vuelto a formar el bloque del régimen del 78 compuesto por PSOE, PP y Cs, que bajo la presión del escándalo no está dispuesto a abrir una comisión de investigación, como pide Unidos Podemos. Estos son dirigentes “responsables” y “fiables” con las instituciones, es decir, políticos que representan los intereses de la clase dominante fielmente. El PSOE, un partido que se reivindica de izquierdas y republicano, acordó en su 39 Congreso Federal incorporar a su ideario el fortalecimiento de "los valores republicanos", aunque sin pedir la supresión de la monarquía, es decir, una fórmula híbrida contradictoria que en la práctica se traduce en aceptar y defender a los borbones.

Desde que se instaló el nuevo Gobierno, algunas de sus medidas han tenido cierto simbolismo, como el rescate del buque Aquarius, un acercamiento relativo con Catalunya, su promesa de sacar a Franco del Valle de los Caídos, la reintroducción de la asistencia sanitaria a los inmigrantes, un intento (fallido) de renovación de RTVE, etc. pero en general no suponen un cambio radical en la situación. Por otro lado, ha abandonado la derogación de la reforma laboral que formaba parte de su programa por varias razones como la “complejidad del entramado”, “la falta de tiempo en la legislatura”; también ha dejado de lado la derogación completa de la Ley Mordaza. Vemos, pues, que hasta el momento el nuevo Gobierno no está cumpliendo aún con las expectativas de mejoras substanciales que generó en muchos ciudadanos- no debemos olvidar que cuando Sánchez presentó a su gabinete este fue recibido con agrado por Europa, la clase dominante española y hasta algún miembro del PP. Los acontecimientos van a poner a prueba al Gobierno a los ojos de las masas, que no pueden esperar hasta una fecha indefinida para mejorar sus condiciones, sobre todo ahora que la economía va “bien”.

Unidos Podemos

A raíz de las grabaciones que han expuesto al antiguo monarca, Unidos Podemos ha pedido que se inicie una comisión de investigación, exigiendo al PSOE que se una a ella. Esta propuesta de UP es un primer paso dentro de las instituciones para exponer la naturaleza corrupta y podrida de los borbones. Sin embargo, es muy limitada. Como se ha ido mostrando estos últimos años con luz cegadora, el Estado español y sus instituciones son profundamente corruptas- no es el caso de una manzana podrida aquí y allá, si no que al contrario, afecta a todo los niveles. Una comisión de investigación puede ser un buen vehículo para exponer aún más la naturaleza del régimen del 78, pero de ninguna manera puede convertirse en una herramienta que finalmente castigue al monarca por sus delitos. Al tigre no se le puede convertir en vegetariano. El estado burgués español se sustenta en el pilar de la monarquía borbónica. Los recientes acontecimientos en Cataluña son una muestra clara de esto.

La putrefacción del aparato del Estado que ha revelado el asunto Corinna está resaltado por el hecho de que las filtraciones de las grabaciones han corrido a cargo de una camarilla de viejos comisarios, que ya participaron en la represión franquista en los años 70 y que luego han seguido teniendo una participación significativa en todo tipo de asuntos turbios (GAL, la lucha “sucia” contra ETA, extorsiones a jueces y políticos que molestaban al régimen, etc.) durante la “democracia”, bajo los gobierno de PSOE y PP. Entre ellos destacan los comisarios José Manuel Villarejo (actualmente en prisión), García Castaño o Carlos Salamanca. Esta gente ha aprovechado sus posiciones y conexiones en el aparato del Estado para hacer negocios, legales e ilegales, y amasar fortunas. Villarejo, cogido en uno de sus delitos más flagrantes (acusado de apuñalar a la exmujer del empresario López-Madrid por encargo de éste), está utilizando la filtración de grabaciones de los asuntos de alcoba y de negocios del rey Juan Carlos, para presionar al aparato judicial para obligarlo a llegar a un acuerdo y conseguir su puesta en libertad. Este es el precio a pagar por no haber depurado completamente del aparato del Estado de franquistas y reaccionarios, algo a lo que se opusieron los dirigentes del PSOE y del PCE durante la Transición.

Como bien dice el compañero Echenique: “Los Gobiernos muchas veces necesitan que la gente les empuje”. La movilización en las calles ha de ser la principal prioridad de UP, no para poner “presión” sobre el Gobierno del PSOE para que finalmente ceda a la comisión de investigación, sino para reclamar la república. La monarquía es una institución obsoleta históricamente que no tiene ningún papel que desarrollar en la sociedad actual; es más, la monarquía española es un parásito que se dedica a amasar fortuna mediante la corrupción, la evasión de impuestos, los paraísos fiscales, mientras que exige a la clase trabajadora que se ajuste el cinturón y al pueblo catalán que abandone su reclamación democrática o afronte la represión brutal.

Un aspecto que ha sacado a la luz el caso de Corinna es el asunto de la inviolabilidad del rey. Es un hecho absolutamente escandaloso que fija la Constitución y que hasta ahora había pasado desapercibido para millones de personas, y que revela el carácter completamente antidemocrático de la Corona y de la misma Constitución. Por ley, el rey no puede ser juzgado aunque cometa delitos, tiene derecho a la impunidad total ¿Puede haber algo más escandaloso y humillante para un pueblo en el que se supone que reside la soberanía de la nación? En realidad, Juan Carlos, al haber abdicado sí podría ser juzgado (por el Tribunal Supremo) por delitos cometidos con posterioridad a su fecha de abdicación, en junio de 2014, pero como esos supuestos delitos de los que le acusa Corinna fueron anteriores, quedarían fuera de la acción penal porque tuvieron lugar en su etapa de “inviolable”. Unidos Podemos debería sumar a la consigna de la república, la de derogar la figura de inviolabilidad del monarca, con carácter retroactivo a toda la etapa del reinado de Juan Carlos.

La consigna de la república es absolutamente progresista. La monarquía española es en su esencia totalmente reaccionaria y conforma una parte integral del régimen; es un pilar fundamental que lo sustenta. Tal consigna conectaría con millones de trabajadores y trabajadoras que ven con rabia e indignación como sus condiciones materiales continúan empeorando mientras que la monarquía es impune a sus delitos. Sin embargo, la lucha por la república debe ir ligada a la lucha contra el sistema capitalista. Por su desarrollo histórico, la burguesía española se apoya en la monarquía para mantener sus intereses. Tanto la burguesía como la monarquía tienen los mismos intereses de clase, la continua explotación de la clase trabajadora, y están unidas en su propósito por millares de conexiones: vínculos de negocios, familiares, religiosos, etc. Por lo tanto la lucha por la república es también una lucha contra los grandes empresarios y banqueros y el sistema capitalista que los sustenta.