El martes 5 se encendían las alarmas del Gobierno tras el anuncio del PP de votar contra la prórroga del Estado de Alarma, a lo que se sumaron ERC y las vacilaciones de Ciudadanos y PNV. Esto obligó al Gobierno a negociar y llegar a un acuerdo con éstos últimos para salvar la cuarta prórroga del Estado de Alarma. Finalmente, el PP se abstuvo, quedando en un amago sus amenazas.

La pandemia está sumergiendo al mundo a una recesión económica sin precedentes históricos. Todos los pronósticos indican un desplome abrupto del PIB mundial, con los países más avanzados sufriendo caídas escalofriantes. Dentro de la UE, se prevé que España será uno de los países más afectados económicamente por la pandemia.

En los últimos días de marzo y los primeros de abril han sido aprobados por el Gobierno varios paquetes de medidas encaminadas a ampliar el llamado “Escudo Social”, las más relevantes se enmarcan dentro del ámbito de la vivienda y del empleo. Pero ¿son realmente estas medidas el escudo que necesita la clase trabajadora?

El gobierno ha decidido reabrir las actividades económicas “no esenciales” esta semana, despreciando la opinión científica contraria de los expertos epidemiólogos y el sentir natural de la mayoría de los trabajadores afectados. El gobierno ha cedido así ante la patronal, condenando a miles de familias trabajadoras al riesgo del contagio y al de perder más seres queridos.

La epidemia de COVID-19 ha puesto de manifiesto el negocio privado de la gestión de las residencias para mayores, donde corporaciones, grandes fortunas y la Iglesia amasan beneficios a costa de la salud de nuestros mayores. A continuación, detallamos algunos datos que avalan esta afirmación.

La crisis está golpeando a la economía española y a las familias trabajadoras de una manera no vista antes. Sólo en los últimos 20 días del mes de marzo fueron destruidos 898.000 empleos. En el inicio de la crisis de 2008-2009 se necesitaron 100 días para destruir la misma cantidad de puestos de trabajo.