La epidemia de COVID-19 ha puesto de manifiesto el negocio privado de la gestión de las residencias para mayores, donde corporaciones, grandes fortunas y la Iglesia amasan beneficios a costa de la salud de nuestros mayores. A continuación, detallamos algunos datos que avalan esta afirmación.

La crisis está golpeando a la economía española y a las familias trabajadoras de una manera no vista antes. Sólo en los últimos 20 días del mes de marzo fueron destruidos 898.000 empleos. En el inicio de la crisis de 2008-2009 se necesitaron 100 días para destruir la misma cantidad de puestos de trabajo.

En los últimos días de marzo y los primeros de abril han sido aprobados por el Gobierno varios paquetes de medidas encaminadas a ampliar el llamado “Escudo Social”, las más relevantes se enmarcan dentro del ámbito de la vivienda y del empleo. Pero ¿son realmente estas medidas el escudo que necesita la clase trabajadora?

A raíz de las medidas de aislamiento con motivo de la epidemia del COVID-19 se han sucedido miles de despidos y ERTEs por la consecuente paralización productiva. Todo esto ha traído caídas en las bolsas mundiales que no se recuerdan desde la crisis del 2008, y los miedos en todo el mundo de una nueva crisis son más que evidentes.

El gobierno ha decidido reabrir las actividades económicas “no esenciales” esta semana, despreciando la opinión científica contraria de los expertos epidemiólogos y el sentir natural de la mayoría de los trabajadores afectados. El gobierno ha cedido así ante la patronal, condenando a miles de familias trabajadoras al riesgo del contagio y al de perder más seres queridos.

Me llamo Enrique, soy un trabajador y tengo 52 años. Mi mujer y yo fuimos contagiados por el coronavirus a finales de febrero. Cuando nos hicieron los tests y dieron positivos nos obligaron, para superar la enfermedad y no contagiar a nadie, a recluirnos en casa y medicarnos a domicilio. Así lo hicimos. Como yo tengo bronquitis y no paraba de toser decidieron que fuera ingresado en el Hospital de Txagorritxu.