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Golpe del Estado español contra la democracia en Catalunya

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El pasado sábado 450.000 personas se manifestaron en Barcelona (según la policía local) junto a decenas de miles más que se concentraron en otros pueblos y ciudades de Cataluña, para exigir la libertad de los dos Jordis (detenidos sin fianza por cargos de sedición) y rechazar el golpe del artículo 155 anunciado por Rajoy durante la mañana.

Al final del consejo de ministros, Rajoy anunció los detalles de las medidas que su gobierno quiere aplicar y que será votado por el Senado el viernes de esta semana.

Estas medidas equivalen a un golpe contra la democracia en Cataluña. Rajoy quiere disolver el Parlamento catalán (dentro de los seis meses o antes, tan pronto como la situación "vuelva a normalizarse"), destituirá al presidente catalán, al vicepresidente y a todos los ministros del Govern, se hará cargo de la gestión del gobierno catalán directamente desde Madrid, reducirá los poderes del parlamento catalán a la espera de las elecciones. Así, el Parlament no tendrá el poder de elegir un presidente para Catalunya, ni pasar un voto de desconfianza a las nuevas autoridades, y cualquier ley que quiera aprobar tendrá que ser avalada primero por el Senado español que tendrá poderes de veto absolutos.

Además de estas medidas generales, el gobierno español tendrá poderes específicos para controlar la policía, las finanzas, las telecomunicaciones y los medios de comunicación estatales catalanes, en aras de la "neutralidad".

Este es un escándalo absoluto que dará a un partido que solo tiene un 8,5 por ciento del voto en Cataluña, un control absoluto sobre su gobierno.

Destacados políticos del PP han dicho que cuando se celebren elecciones en Cataluña, los partidos que propongan la independencia no podrán postularse si mantienen esa demanda en su programa. ¡Si no puedes ganar una elección, elimina a tus oponentes!

Las medidas propuestas habían sido acordadas previamente con el PSOE y Ciudadanos y, por supuesto, también cuentan con el respaldo del Rey. Esta no es una medida tomada por el gobierno del PP sino una reacción defensiva de todo el régimen de 1978.

El fiscal del estado también advirtió a Puigdemont que si declaraba la independencia en respuesta a estas medidas, sería acusado de rebelión, una acusación que conlleva una sentencia de 30 años de prisión y podría enfrentarse a la detención preventiva. El mismo destino puede afectar al gobierno catalán y a los miembros del Parlament si suscriben tal declaración.

Estas medidas han sido justamente denunciadas por los partidos del gobierno catalán PDECAT y ERC, como también por la CUP, Catalunya Sí Que es Pot (Podem, Inciativa, EUiA, y otros) y los Comunes, como un golpe de Estado contra la democracia. Varios alcaldes prominentes del PSC han firmado una carta oponiéndose a las medidas, y la alcaldesa del PSC Santa Coloma de Gramenet ha dimitido de la ejecutiva federal del PSOE por tal motivo.

El carácter brutal de las medidas propuestas también ha puesto bajo presión la alianza de la alcaldesa de Barcelona Ada Colau con el PSC en el ayuntamiento de Barcelona. El PNV, que respalda al gobierno del PP, también se ha opuesto al uso del artículo 155.

La manifestación del sábado fue masiva. Los trenes que iban a Barcelona estaban llenos y toda la ruta de la manifestación estaba llena de gente incluso antes de que comenzara. El estado de ánimo era de rabia y desafiante. Un número significativo de líderes políticos que están en contra de la independencia y que han argumentado en contra de una declaración unilateral, estaban presentes, como Ada Colau.

A las 19.30 h, después de la manifestación, la presidencia del Parlament emitió un comunicado de prensa a través de su portavoz, Carme Forcadell, denunciando las medidas y diciendo que el parlamento catalán no se rendirá.

Más tarde, a las nueve de la noche, el presidente Puigdemont hizo una declaración televisiva en la que denunció las medidas y anunció que convocará al Parlament para discutir el asunto que, finalmente, se reunirá este jueves. Significativamente, no especificó si le pedirá al Parlament que declare la independencia. Tampoco ha mencionado las medidas que tomará su gobierno para resistirlas.

Hay una gran presión de parte del movimiento a favor de una declaración de independencia y para organizar la desobediencia civil masiva para resistir estas medidas. Se habla de una huelga general. Los periodistas de los medios públicos catalanes, TV3 y Catalunya Ràdio, ya han declarado que no aceptarán las autoridades impuestas por Madrid en dichos medios. Los Comités para la Defensa del Referéndum (CDR), que ahora han cambiando mayoritariamente su nombre por el de Comités en Defensa de la República, se movilizaron desde los diferentes pueblos y barrios para la manifestación y en las discusiones en los últimos días han exigido la proclamación de la República. Significativamente, muchos de estos comités se han propuesto mantenerse como organismos permanentes, no sólo para organizar la resistencia a la intervención de la autonomía catalana, sino para canalizar el proceso constituyente que lleve a una eventual república catalana y decidir qué tipo de república socialmente avanzada se necesita.

Estamos entrando en una semana crucial en esta lucha. A pesar de su indecisión, el gobierno catalán tiene muy poco margen de maniobra. En su última carta a Rajoy el jueves pasado, Puigdemont anunció que se vería obligado a declarar la independencia si se aplicara el artículo 155.

La pregunta es: si se declara una República Catalana, ¿cómo podrá defenderse? Está claro para todos que la UE, en la cual los líderes de PDECAT y ERC tuvieron tanta fe, no intervendrá del lado de los derechos democráticos ni alterará el status quo.

La única forma en que se puede lograr una República es por medios revolucionarios. Si el gobierno catalán y la mayoría parlamentaria fueran serios, deberían declarar la independencia y luego organizar la resistencia, resistir en sus oficinas y llamar al pueblo a organizarse y a defender los edificios y las instituciones democráticas mediante manifestaciones masivas, la desobediencia civil y una huelga general revolucionaria para paralizar la economía.

La CUP y los CDR tienen el deber de avanzar en esa perspectiva y comenzar a dar pasos firmes en esta tarea, independientemente de lo que el gobierno catalán haga o deje de hacer. Los políticos burgueses y pequeñoburgueses ya han demostrado su indecisión en muchas ocasiones. Gente como Mas, Santi Vila y otros están saboteando claramente el movimiento en todo momento. No podemos esperar a ver qué quieren hacer.

Los líderes de Unidos Podemos también tienen una gran responsabilidad. Su posición en las últimas semanas ha sido escandalosa, llamando a un diálogo ilusorio y culpando a ambas partes de ser "irresponsables". En lugar de eso, deberían estar explicando el carácter fundamentalmente antidemocrático del régimen de 1978 y organizar la lucha para defender los derechos democráticos del pueblo catalán, vinculándolo a la lucha contra la austeridad capitalista, por el trabajo, la vivienda, condiciones de vida dignas y la lucha contra el carácter represivo de la política general del gobierno, con el objetivo de poner fin al "régimen del 78".

Se ha abierto una oportunidad revolucionaria en Cataluña, la pregunta es, ¿habrá una dirección que pueda responder al desafío planteado?

Los marxistas estamos incondicionalmente a favor del derecho a la autodeterminación del pueblo catalán y abogamos por una República Socialista Catalana como una forma de encender un movimiento revolucionario en toda la península ibérica.