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Rechazamos la imputación de Artur Mas

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La Corriente Lucha de Clases rechaza la imputación del presidente de la Generalitat, Artur Mas, y de los consellers Ortega y Rigau, por parte del Tribunal Supremo de Justicia de Catalunya (TSJC).

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Artur Mas y los demás consellers mencionados han sido imputados bajo la acusación  de haber organizado la votación del 9 de noviembre de 2014, donde se preguntó a la ciudadanía catalana si estaba de acuerdo con que Catalunya se constituyera como Estado, y si dicho Estado debería ser independiente del Estado español.

Para nosotros, esta imputación es un paso más en la escalada represiva del aparato del Estado y del gobierno del PP para socavar los derechos democráticos y para polarizar la situación política en torno al "independentismo". Lo que pretende el PP es mantenerse en el centro de la escena política y sacar provecho electoral de cara a las elecciones generales de diciembre, pretendiendo aparecer como los "salvadores de la patria".

Rechazamos esta imputación, no por simpatía hacia Mas que apoya políticas represivas en Catalunya hacia manifestantes que fueron condenados a 4 años de cárcel por protestar contra sus recortes, sino porque es una medida represiva por haber organizado una consulta ciudadana prohibida arbitrariamente por un Tribunal Constitucional que ha demostrado ser un agente del gobierno del PP, amparado en una Constitución que limita el derecho democrático de la población a expresarse libremente. Mañana, con la misma justificación, serán utilizadas medidas similares contra la izquierda y el movimiento obrero si no los paramos ahora.

Las críticas y amenazas histéricas del TSJC, del Consejo del Poder Judicial, de la prensa burguesa española, y del gobierno del PP a las manifestaciones y concentraciones de apoyo a Mas, Ortega y Rigau, frente a la sede del TSJC, son otro ataque intolerable a las libertades democráticas y al derecho a la libertad de expresión de las personas.

Es una hipocresía escandalosa que unos tribunales, ya sea el TSJC o el Tribunal Constitucional, que están actuando de la manera más descarada como correas de transmisión de los intereses políticos del gobierno del PP y de un sector de la burguesía española, culpen a los manifestantes de querer condicionar o coaccionar a dichos tribunales.

Nosotros defendemos el derecho irrestricto de la población a presionar con manifestaciones y movilizaciones en la calle a cualquier ente o sector del aparato del Estado (sea político, judicial, penitenciario, policial o militar) que actúe contra los intereses populares, siendo como son órganos de defensa del orden establecido y, específicamente, de los intereses de la clase dominante en la sociedad. De lo contrario, estaremos a merced e indefensos ante las arbitrariedades de dichos entes y de los intereses de nuestros enemigos de clase que ellos defienden. 

Llamamos a la movilización contra éste y otros ataques a la libertad de expresión, pero apelamos a hacerlo desde la independencia de clase, sin mezclar nuestras banderas ni consignas con las de Mas ni su partido, Corvengència Democràtica de Catalunya, que defiende los intereses de un sector de la burguesía catalana, y que ha apoyado en el parlamento español las principales medidas de ajuste y antisociales del gobierno de Rajoy.

Las organizaciones obreras y de izquierda, de Catalunya y de todo el Estado, deberían organizar protestas y movilizaciones propias a fin de encauzar el malestar y la indignación popular contra este gobierno de pesadilla y represivo del PP al que debemos mandar al basurero de la historia, en la calle y en las elecciones generales del próximo 20 de diciembre.

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