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Catalunya y la consulta del 9N

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El veto del Tribunal Constitucional a la consulta oficial del 9N aprobada por el Parlament de Catalunya, unido al recurso presentado por la Fiscalía del Estado contra la consulta “alternativa” convocada en su lugar por el Govern, añade aún más combustible a la explosiva situación catalana y ponen de manifiesto el carácter reaccionario de la derecha y del aparato del estado españoles, así como la hipocresía del nacionalismo burgués catalán.

El extraordinario movimiento de masas en Catalunya a favor del derecho a decidir expresa la rabia y el hartazgo acumulados después de años de crisis, recortes, corrupción y negación de los derechos democráticos del pueblo catalán. Como el movimiento escocés, es en última instancia una rebelión contra el “establishment”, la “Casta” política y económica del Estado Español y también de Catalunya.

La agresión continua de la derecha española

El PP ha jugado siempre la carta del anticatalanismo para agrupar a su base social más reaccionaria y tratar de dividir a la clase trabajadora en líneas nacionales. Esto no es un capricho; no olvidemos que la negación del derecho de autodeterminación a las nacionalidades históricas fue un punto central del régimen del 78.

La izquierda y los movimientos sociales de todo el Estado deben oponerse a cualquier tipo de represión al ejercicio de los derechos democráticos, incluido el derecho a la autodeterminación. Concretamente, el gobierno ha amenazado con usar la fuerza contra las instituciones, organizaciones y personas que traten de organizar la consulta alternativa del 9N. La izquierda y los movimientos sociales del Estado Español se tienen que oponer a tal represión.

CiU nunca creyó en la consulta ni en la independencia; se vio obligada a subirse a la ola de un movimiento que expresa el profundo hartazgo de la sociedad catalana con las élites dominantes, de Madrid y Barcelona. Las declaraciones demagógica a favor del Estado propio para Catalunya no han podido ocultar la realidad de un gobierno de la Generalitat embarcado en una política de recortes brutales del gasto social y ataques a los derechos democráticos del pueblo catalán, que se ha traducido, en todas las encuestas en una caída del apoyo a CiU y un aumento de ERC, que es percibida por una parte importante de los catalanes como una opción independentista más coherente y “progresista” en lo social.

Sin embargo, no podemos olvidar que ERC ha apoyado toda la política de ajuste y represiva de CiU a cambio del referéndum, lo que indica qué tipo de Catalunya independiente quiere: un Estado catalán “independiente” dominado por la gran burguesía española, catalana y las grandes empresas multinacionales. La “declaración unilateral de independencia” que ERC pide al Parlament no es más que un brindis al sol para intentar aprovechar el desgaste de CiU en el terreno electoral y social.

Por una política de independencia de clase

Tanto ICV-EUiA como las CUP han aparecido del lado del Govern en todo este proceso, hasta la ruptura producida por la marcha atrás de Artur Mas. Esto no fortalece la lucha por el derecho a decidir de la mayoría social catalana, sino que la debilita. En la defensa de los derechos democrático-nacionales, la izquierda catalana debe buscar sus aliados en la clase obrera del conjunto del Estado e internacional, no en los explotadores y represores de casa.

Sólo la candidatura municipalista Guanyem Barcelona y su líder, Ada Colau, han mantenido una postura de independencia de clase, negándose a participar de cualquier acuerdo con CiU y ERC, denunciando su hipocresía, y defendiendo coherentemente el derecho a decidir. El desarrollo y crecimiento de Guanyem y también de PODEMOS en Catalunya demuestra que el movimiento por el derecho a decidir tiene unas hondas motivaciones sociales y no sólo nacionales.

Lucha de Clases está a favor del derecho de autodeterminación del pueblo catalán, un derecho democrático básico. Eso sí, advertimos que bajo el capitalismo, los problemas de las familias obreras catalanas –que constituyen la mayoría del pueblo catalán– no podrán ser resueltos dentro del Estado español ni en una hipotética Catalunya independiente, como no lo están en ningún país del mundo.

Sólo un gobierno de los trabajadores en Catalunya y en Madrid estaría en condiciones de arrebatarle el poder económico y político a las oligarquías española y catalana, y otorgar plenos derechos democráticos al pueblo catalán, para lo cual se requiere la lucha unida de los obreros catalanes y españoles contra sus enemigos comunes.

 

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