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Redada policial contra Herrira

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Este lunes 30 de septiembre, la Guardia Civil entró en todos los locales de Herrira en varias ciudades del País Vasco,  Hernani, Bilbo, Iruñea y Gasteiz. Bajo orden del juez de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional y bajo la dirección del juez Eloy Velasco, 18 miembros de esta organización fueron detenidos, y se encuentran en el cuartel de la Guardia Civil de Tres Cantos en Madrid. Se encuentran incomunicados y afirman haber recibido un trato «correcto» sin sufrir interrogatorios ilegales o presiones durante su estancia en manos de los uniformados. Posteriormente, varios de ellos fueron puestos en libertad con cargos.

 

Las declaraciones ante el magistrado empezaron hoy a partir de las 9.30 horas en la Audiencia Nacional.

Creada hace año y medio, después de que ETA anunciara dejar la lucha armada, y como parte de este mismo proceso, Herrira ha centrado su trabajo en el reconocimiento de los derechos de los presos, a nivel vasco y europeo. Hoy, la justicia española les acusa de «apología del terrorismo» y de haber «integrado» y «financiado una banda armada».

En el marco de esta operación, la Audiencia Nacional bloqueó las cuentas bancarias de la organización y ordenó el cierre de “32 perfiles en Twitter, 125 en Facebook y 38 páginas web.“

Las detenciones no han ido sin violencia. Así, la senadora de Amaiur, organización de la izquierda abertzale, Amalur Mendizabal, quien estaba allí para protestar contra esta acción, fue golpeada violentamente en la cabeza por un ertzaina. Denunció los hechos públicamente con varios miembros del grupo político EH Bildu. Es de destacar que la Ertzaintza estaba presente en los registros “para mantener el orden público”, lo que indica que el gobierno autonómico vasco, del partido nacionalista burgués PNV, estaba al corriente de la operación y le proporcionó apoyo.

Numerosos partidos, organizaciónes y sindicatos se han reunido para dar una respuesta a esta acción. Llaman a una manifestación para el sábado 5 de octubre en Bilbao, y en el mismo sentido, 6 sindicatos nacionalistas (ELA, LAB, ESK, STEE-EILAS, EHNE e HIRU) así como la CGT y la CNT, han llamado a concentraciones ante los centros de trabajo el viernes 4 a las 12 horas, para denunciar este asalto injustificable y piden la puesta en libertad «inmediata» de los detenidos.

En una nueva vuelta de tuerca a la represión, la delegación del gobierno en Navarra ha prohibido las concentraciones de protesta convocadas por los sindicatos.

Estas detenciones van en la continuidad de una ola de represión que ha visto, en las últimas semanas, la aceptación por la justicia francesa de la orden de arresto europeo en contra del portavoz del Colectivo de Exilados Politicos Vascos (EIPK) Jokin Aranalde, la detención de Asier Guridi en Venezuela, la extradición por Paris de Patxi Segurola, etc.

A pesar del anuncio de ETA del “cese definitivo de la actividad armada”, la política represiva del Estado español hacia el movimiento abertzale no ha cesado, con detenciones, ilegalizaciones de organizaciones políticas, etc. La cuestión de los derechos de los  presos es una cuestión básica de derechos humanos elementales. Lo que Herrira defiende a través de sus actividades es justamente la aplicación de la política penintenciaria legal a los presos, incluyendo su traslado al País Vasco entre otras cosas.

Precisamente, están a la espera de la respuesta de la Corte Europea de los Derechos Humanos sobre la doctrina 197/2006 (llamada también “Parot”), la cual prolonga las penas de detención de los presos políticos vascos. Según Émilie Martin, portavoz de Herrira, “El Estado español ha dado a su manera su respuesta a este juicio  [con esta operación]”. La Corte Europea de Derechos Humanos ya ha fallado contra la llamada “doctrina Parot”, pero el gobierno español ha recurrido la sentencia. La aplicación de los beneficios penintenciarios normales y legales, significaría la excarcelación de numerosos presos.

Esta detención masiva, demuestra de manera evidente que el Estado español trata de criminalizar la defensa de los derechos de los presos políticos vascos, y prolongar el periodo de política de pacto antiterrorista que le permite ilegalizaciones, detenciones y más desvíos de la justicia oficial, manteniendo un estado de excepción, considerando que “todo es ETA”.

Esta última oleada represiva contra Herrira es más escandalosa si cabe, ya que se produce al mismo tiempo que alcaldes, cargos públicos y militantes del gobernante Partido Popular, se ven implicados en defensa y apología del régimen franquista, cuando acaba de salir a la luz pública que Emilio Hellín, uno de los asesinos fascistas, condenado y fugado, de Yolanda González, ha trabajado para los cuerpos de seguridad del Estado en fecha reciente.

Los marxistas de la Corriente Marxista Internacional, denunciamos este nuevo ataque a los derechos democráticos y la libertad de expresión, y apoyamos el pueblo vasco en su lucha por la defensa de esos derechos.