Nos enfrentamos a unas elecciones que, como decimos desde la CUP, son ilegítimas e impuestas dentro del marco represivo y autoritario del 155. Tienen lugar después de semanas  de encarcelamientos e intimidaciones y después de la jornada de la violencia policial sin precedentes del 1-O. Esta represión no solo ha golpeado a los dirigentes de JxSí y de la ANC y  Òmnium, que representan los casos más visibles y dramáticos, sino el campo soberanista en general y las instituciones de la Generalitat. Ha habido una avalancha de imputaciones y de amenazas que buscan generar un clima de miedo. El estado se ha estado apoyando sobre la movilización españolista y la histeria nacionalista en Cataluña y en todos lugares, dando oxígeno a grupos fascistas y creando una atmósfera de chovinismo. Estamos hablando de la acción decidida de todo el régimen del 78, el gobierno, el PSOE y Cs, la judicatura, la monarquía, los grandes medios de comunicación burgueses, la patronal (catalana y española), etc. En esta situación, el soberanismo se encontrará con todo tipo de obstáculos y zancadillas que harán de estas elecciones una batalla desigual. La exceptuabilidad del momento se resume en que los dos principales partidos soberanistas tienen a sus cabeza de lista en la prisión o en el exilio. De nuevo, se muestra la auténtica naturaleza del régimen del 78 y de la constitución española: represiva, hostil al derecho de autodeterminación y a la libertad en general y al servicio de unas élites corruptas y reaccionarias.

Hace unos días se hizo público la condena de la Audiencia Nacional respecto a los raperos del grupo “La Insurgencia”. La condena del tribunal de justicia, como viene siendo habitual, es execrable ya que han sido sentenciados los doce raperos que componen el grupo de música a 2 años y un día de prisión, 4.800 euros de multa y a 9 años de inhabilitación, ratificando lo que pedía la fiscalía. Lo primero de todo mandar toda nuestra solidaridad al grupo, esto no se puede llamar justicia.

La huelga general catalana contra la represión, y la intervención del artículo 155, y por la liberación de los presos políticos logró paralizar el país. A pesar de todas las dificultades, la huelga tuvo un gran número de seguidores en la enseñanza, el sector público y los medios de comunicación, pero fue casi inexistente en la industria y el transporte. Sin embargo, el día estuvo marcado por bloqueos masivos de carreteras y del transporte, organizados por los Comités de Defensa de la República (CDR), y por manifestaciones masivas en todas las ciudades y pueblos.

Los sindicatos amarillos policiales y funcionariales han salido a defender a estos agentes, justificando sus comentarios como pertenecientes a un “ámbito privado”, es decir, alegando cuestiones de forma para evitar condenar la actitud mostrada. Es una defensa similar a la usada con los agentes de la Policía Nacional captados en la entrada de la audiencia nacional el 3 de noviembre, haciendo mofas sobre una hipotética violación de Oriol Junqueras en prisión.

La Audiencia Nacional ha vuelto al primer plano de la actualidad al acusar al gobierno de la Generalitat de "Rebelión" y encarcelar a 7 consellers. Mucha gente desconoce que la Audiencia Nacional, que es pintada como el paladín de la justicia y el garrote de los políticos corruptos, fue un órgano creado al final de la dictadura, en enero de 1977, cuando aún permanecían ilegalizados los partidos políticos y sindicatos obreros, así como las manifestaciones, y no existía la libertad de expresión. En realidad, la Audiencia Nacional vino a sustituir a un icono de la dictadura franquista, el Tribunal de Orden Público (TOP), encargado de reprimir la oposición política y las luchas obreras y estudiantiles.

El 21 de diciembre tienen lugar unas elecciones trascendentales en Catalunya. La burguesía española, y con ella el régimen que la sustenta, han lanzado una campaña feroz para tratar de impedir una mayoría independentista en el Parlam ent.Aparte de la demonización del independentismo en todos los medios de comunicación, la represión del Estado con la intervención de la autonomía catalana a través del artículo 155 de la Constitución, la detención de la mitad del Govern y de los Jordis, y la denuncia de “sedición” contra los consellers, Puigdemont y la mesa del anterior Parlament, tenemos una campaña desvergonzada de chantaje y terrorismo económico contra la población, con la amenaza de todo tipo de males si vuelve a ganar el independentismo.

El Estado español pretende aparecer como el vencedor en la batalla inacabada contra el independentismo catalán, pero el hecho más significativo de lo sucedido en estos dos meses ha sido el desarrollo del mayor movimiento de desobediencia civil habido en el Estado español en 40 años. Este movimiento ha sido protagonizado por millones de personas comunes y corrientes, ha tenido características revolucionarias y ha puesto en jaque al régimen del 78 y a su aparato de Estado heredado del franquismo. Las lecciones a sacar de este conflicto, que está lejos de haber concluido, son preciosas; y ayudarán a forjar la conciencia revolucionaria de la nueva generación, en Catalunya y en todo el Estado.